El 22 de mayo en Barcelona, un grupo de organizaciones progresistas, que incluye a la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural e Irídia, ha decidido llevar su lucha hasta el Tribunal Supremo en un intento de revertir la decisión de la Audiencia Provincial que respalda la amnistía concedida a 46 agentes de la Policía Nacional implicados en las violentas intervenciones del 1 de octubre de 2017.

Las tres entidades han hecho público su movimiento mediante comunicados, en los que explican su posición como acusaciones populares, en el caso de la ANC y Òmnium, y como acusación particular y popular en el caso de Irídia, destacando su colaboración para interponer el recurso.

La ANC ha criticado la decisión de la Audiencia, calificándola de "jurídicamente errónea y moralmente inaceptable". Desde su perspectiva, la amnistía es inapropiada y consideran que los actos de los agentes pueden configurarse como delitos que atentan contra la integridad moral de las personas, describiéndolos como tratos inhumanos o degradantes.

Òmnium Cultural ha señalado que las acciones del Estado han violado claramente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, argumentando que la respuesta policial fue "desproporcionada y excesiva", provocando lesiones graves. Además, consideran que los agentes actuaron con la intención de humillar y castigar a la población civil.

Irídia ha agregado que el tribunal ha interpretado de manera “restrictiva y equivocada” el concepto de umbral mínimo de gravedad, un criterio fundamental establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para identificar este tipo de violaciones. A juicio de esta organización, las conductas objeto de investigación, que describen como cargas violentas contra manifestantes pacíficos, sí superan ese umbral de gravedad.