Un avance notable en la relación entre la ciudadanía y la administración pública está en camino en Catalunya. Este miércoles, el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, dio a conocer una propuesta legislativa que busca rectificar fallos administrativos y eliminar la cita previa como única opción de atención al público.

La nueva ley, fruto de un consenso entre ERC y Comuns, está orientada a garantizar que ningún ciudadano sufra consecuencias por errores administrativos relacionados con prestaciones esenciales. Dalmau se pronunció sobre la injusticia que representa exigir a personas en situaciones vulnerables la devolución de ayudas que han sido mal gestionadas, y se comprometió a abordar la gestión para evitar que tales incidentes ocurran en el futuro.

Esta iniciativa transformará la actual ley 26/2010, que regula el funcionamiento de las administraciones en la región, al prohibir que se reclamen devoluciones a personas que ya enfrentan dificultades económicas. Además, otorgará a los ciudadanos la capacidad de rectificar sus propios errores ante la administración, proporcionando un camino más humano y efectivo en la gestión pública.

Dalmau, respaldado por los comunicados de ERC y Comuns, enfatizó que este cambio es una respuesta a recientes controversias sobre ayudas administrativas mal otorgadas, como las relativas a la renta garantizada y la ley de dependencia. La propuesta ha sido registrada en el Parlament junto a otras fuerzas políticas y se espera que su tramitación se lleve a cabo con rapidez, con una posible aprobación para octubre.

Entre los aspectos más innovadores de esta legislación está el reconocimiento del "derecho al error", que permitirá a los ciudadanos corregir datos incorrectos sin temor a sanciones, siempre que no haya intención fraudulenta. Este enfoque busca aliviar la carga sobre quienes se ven atrapados en trámites administrativos complejos por errores que no son de su responsabilidad.

El Govern ha señalado que este es un paso pionero en España, inspirándose en legislaciones de países como Francia y Polonia. La propuesta no solo aboga por la corrección de errores individuales, sino que también busca proporcionar herramientas para que el personal administrativo pueda rectificar sus propios fallos cuando actúen de buena fe.

Además, la ley promete innovar el sistema de atención al ciudadano al impulsar trámites proactivos y personalizados, basándose en datos disponibles sobre la población, lo que facilitaría el acceso a servicios por parte de aquellos con menos recursos tecnológicos o sociales. Se establecerán protocolos claros sobre el uso de datos personales y se creará un registro específico para una gestión responsable.

Una de las reformas más esperadas es la prohibición de usar la cita previa como único método de atención, asegurando que esta herramienta sea empleada solo para mejorar la eficiencia. Dalmau resaltó que este cambio beneficiará a todos los organismos públicos en Catalunya, subrayando que no se puede limitar la atención a la ciudadanía a un único sistema de gestión.

Finalmente, la propuesta de ley también incluye el derecho a recibir información en un lenguaje claro y accesible, un aspecto esencial para asegurar que todos los ciudadanos puedan interactuar con la administración sin barreras lingüísticas o técnicas.