BARCELONA, 3 de abril. En un desarrollo significativo para la memoria histórica de España, la Fiscalía de Barcelona ha dado inicio a diligencias penales en colaboración con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. Esta acción marca un hito al abordar por primera vez las torturas cometidas durante la dictadura por la Brigada Político-Social en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana.

La decisión de la fiscalía se deriva de una denuncia presentada por una víctima que relató los tormentos físicos y psicológicos que sufrió en su detención en febrero de 1977. Este caso se inscribe en un contexto más amplio de represión sistemática impuesta por el régimen dictatorial que asoló España durante esas décadas oscuras de su historia.

El comunicado oficial del ministerio público subraya el imperativo legal impuesto por la Ley de Memoria Democrática, que exige una investigación efectiva. Esta ley es un reconocimiento del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y a garantías de no repetición, valores que son fundamentales bajo el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La fiscalía ha señalado que los criterios para llevar a cabo estas indagaciones incluyen la tipificación de ciertos delitos como graves violaciones de Derechos Humanos, contextualizadas en episodios como el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura, abarcando hasta la proclamación de la Constitución Española en 1978.

Además, se establece que los actos en cuestión deben haber sido perpetrados dentro de un sistema organizado de represión contra la población civil, particularmente por motivos políticos. Esta visión se fundamenta en el reconocimiento de la necesidad de abordar y desmantelar el legado de injusticias del pasado.

Por otra parte, la fiscalía ha reiterado en intervenciones previas que, conforme a la nueva normativa, es esencial realizar investigaciones que no necesariamente busquen la persecución penal. El objetivo primordial radica en asegurar que las víctimas obtengan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, independientemente de cómo se desarrollen esos procesos judiciales.