La Fiscalía ha presentado un caso que promete captar la atención de la opinión pública, solicitando penas significativas para el exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, junto a dos altos funcionarios del ayuntamiento. Este miércoles, la Audiencia de Barcelona se convertirá en el escenario donde se dirimirá la responsabilidad de estos implicados en un presunto delito relacionado con la ordenación del territorio.

La solicitud de la Fiscalía es contundente: cuatro años de cárcel, 16 años de inhabilitación y una sanción económica de 7.800 euros son las penas que podrían encarar los tres acusados. Estos hechos se remontan al periodo entre 2018 y 2020, cuando Guijarro ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo en la ciudad, un papel clave que lo posiciona, según la acusación, como garante de la correcta gestión del suelo urbano.

Junto al exalcalde se encuentran en el banquillo el jefe de Servicio de Disciplina Urbanística y el responsable de la Unidad Jurídica del Departamento de Urbanismo. La Fiscalía argumenta que estos funcionarios no sólo fallaron en sus deberes, sino que hicieron caso omiso a situaciones alarmantes de construcción ilegal en terrenos de la Serralada de Marina, catalogados como no urbanizables y especialmente protegidos por su valor ecológico.

Los documentos de la acusación revelan que, a pesar de tener acceso a informes de Agentes Rurals que alertaban sobre estas irregularidades, los acusados no actuaron para sancionar a quienes realizaron construcciones y alteraciones sin autorización. La Fiscalía sostiene que las edificaciones, algunas de las cuales eran utilizadas como viviendas, eran claramente ilegales y vulneraban normativas tanto municipales como autonómicas.

Este caso no solo pone de relieve la supuesta connivencia de las figuras públicas involucradas, sino que también destaca cómo, en lugar de sancionar a los verdaderos responsables de las violaciones, se inició un procedimiento contra los propietarios de los terrenos. Según la Fiscalía, esto demuestra una falta de voluntad para actuar contra quienes cometieron las infracciones, en lo que califica como un grave incumplimiento de sus deberes legales.

En conclusión, la acusación enfatiza que los tres implicados eran plenamente conscientes de las restricciones legales sobre el uso y la transformación de estas parcelas, por lo que su inacción y su decisión de no perseguir a los responsables del uso indebido de tierras protegidas se vuelve aún más cuestionable. La audiencia de este miércoles podría marcar un hito significativo en la lucha por la defensa del medio ambiente y la legalidad urbanística en la región.