BARCELONA, 5 de noviembre.

En una jornada histórica, el Parlament de Cataluña ha dado luz verde a una nueva legislación que garantiza el derecho a recibir una atención adecuada y una gestión administrativa justa. Esta propuesta, que busca ofrecer protección a los ciudadanos, permitirá a las personas corregir errores cometidos de buena fe antes de enfrentar sanciones administrativas.

La votación reunió a una variedad de partidos en apoyo a la iniciativa, incluyendo PSC-Units, Junts, ERC, Vox, Comuns y CUP, mientras que PP y Aliança Catalana optaron por abstenerse en la decisión.

De las 21 enmiendas presentadas por el grupo de Junts, cuatro fueron aceptadas, con tres de ellas aprobadas a través de acuerdos transaccionales. A su vez, se validó una enmienda técnica del PSC, mientras que las tres propuestas del PP fueron desestimadas.

Esta ley establece un importante principio: la ciudadanía no debe ser penalizada por fallos administrativos relacionados con servicios esenciales. Proporciona un marco más equitativo y humano para la gestión de las relaciones entre la administración y los ciudadanos.

La normativa también introduce cambios significativos, como la prohibición de la cita previa obligatoria y la exigencia de utilizar un lenguaje claro y accesible en las comunicaciones administrativas. Este enfoque busca mejorar la transparencia y el entendimiento en la interacción con el sector público.

Además, se ha definido que los empleados públicos solo serán considerados responsables en situaciones de grave negligencia o mala conducta, lo que busca proteger su función en el servicio sin desatender la responsabilidad que conlleva su labor.