En un significativo avance hacia el posicionamiento internacional de sus posturas, las bases de los Comuns han dado este domingo el visto bueno a una resolución que critica las "dobles varas" en la política de la Unión Europea, especialmente en relación a la invasión de Ucrania y la situación en Palestina.

Este evento tuvo lugar en Barcelona el 17 de noviembre, donde se llevó a cabo la IV Assemblea Nacional en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La dirección saliente, encabezada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y acompañada por la líder en el Parlament, Jéssica Albiach, y la vicepresidenta de la Diputación Candela López, presentó el informe de gestión que, aunque recibió 216 votos a favor, fue superado en los recuentos por 169 votos en contra y 82 abstenciones.

Durante esta asamblea, que se celebró en un ambiente cargado de deben y perspectivas para el futuro, se abordaron las distintas propuestas de gestión de la dirección. El informe presenta un balance de su mandato, que había sido revalidado en la III Assemblea de noviembre de 2021, marcando un periodo de actividad importante para el partido.

Además de la aprobación del informe, las bases dieron el visto bueno a la ponencia política y organizativa, con 389 votos a favor, lo que sugiere un deseo de crecimiento y una estructura más sólida de cara a las elecciones municipales de 2027. Este impulso refleja una ambición clara de consolidarse como un auténtico espacio político en Catalunya.

En el inicio del proceso asambleario, se registraron alrededor de 800 enmiendas, pero solo 50 llegaron a debatirse en la jornada del sábado. De todas estas, finalmente, cinco bloques de enmiendas sobrevivieron hasta el plenario del domingo.

Un aspecto que provocó un intenso debate fue la definición del partido como 'partido' versus 'organización' o 'movimiento político y social', buscando así englobar mejor las diversas sensibilidades. Sin embargo, estas enmiendas fueron finalmente rechazadas, lo que sugiere una tensión entre la identidad del grupo y su visión inclusiva.

Respecto al nombre del partido, la propuesta de renombrarlo simplemente como 'Comuns' fue modificada mediante una enmienda que mantiene el nombre 'Catalunya en Comú' para el uso institucional, dejando la opción de emplear ambos términos en la comunicación con el público y los medios.

En términos de política laboral, los Comuns avalaron la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas para 2024, con la mirada puesta en cumplir con un anhelo a largo plazo de 32 horas para 2030, respondiendo así a las demandas de un mundo laboral más justo y sostenible.

Por otro lado, la resolución que resalta la necesidad de un "europeísmo crítico y un internacionalismo coherente" se posiciona claramente a favor de los pueblos que sufren la opresión y critica abiertamente las desigualdades en el trato de la UE hacia la crisis en Ucrania en contraposición al genocidio en Palestina, evidenciando un cambio en la narrativa política del partido.

La asamblea también acordó enfocar su lucha sobre una Europa federal, apoyando a aquellos pueblos oprimidos y reclamando una UE que actúe de forma más autónoma ante los retos comunes, en lugar de limitarse a los intereses de los Estados miembros.

Asimismo, se aprobó una resolución que aborda el edadismo como una discriminación estructural, comprometiéndose a aumentar los recursos destinados a políticas de dependencia y protección de las personas mayores, para garantizar una vida digna para este sector de la población.

Los Comuns también expresaron un firme compromiso frente a las violencias machistas, prometiendo implementar políticas efectivas que desactivarán la violencia estructural que sostiene el patriarcado, buscando construir una sociedad más equitativa.

Por otra parte, la necesidad de una ley electoral catalana que fomente la participación fue otro tema en la agenda, abogando por la implementación del voto electrónico y facilitando el derecho al voto para personas que lleven tres años residiendo en Catalunya, además de mejorar la atención a la diáspora catalana.

La defensa de la laicidad se hizo presente, proponiendo que los ayuntamientos dispongan de espacios sin exclusiones religiones ni creencias para celebrar ceremonias de diferentes tipos, lo que representa un paso hacia la inclusión y el respeto a la diversidad.

Finalmente, la Assemblea aprobó una resolución para la aplicación inmediata de la ley de espacios agrarios, así como el desarrollo de la Agencia de la Naturaleza y la Ley de Alta Montaña, destacando la necesidad de garantizar acceso a la vivienda en áreas rurales y pequeños municipios mientras se aborda el impacto negativo de los alquileres temporales y turísticos.

En otro orden de cosas, se destacó la urgencia de aplicar el Estatut de Municipis Rurals para reconocer y abordar las dificultades de vivir en el Alt Pirineu y Aran, pidiendo así una mejor conexión de transporte y una regulación en el uso turístico de viviendas, con el objetivo de salvaguardar comunidades locales y su sostenibilidad.