En un evento destacado en Barcelona, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llevó a cabo la entrega de las condecoraciones de San Raimundo de Peñafort, un reconocimiento del Ministerio de Justicia a juristas que han demostrado un compromiso excepcional en el ámbito del servicio público. En esta ocasión, siete profesionales del derecho recibieron estas distinciones por sus "notables méritos" en la administración de la justicia.

El acto tuvo lugar en el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), donde Bolaños también tuvo la oportunidad de reunirse con la nueva decana Cristina Vallejo. Esta reunión institucional marcó un primer paso hacia el diálogo sobre los desafíos que enfrenta la abogacía y el sistema judicial en Cataluña, según ha informado el ICAB en un comunicado.

Durante la ceremonia, el ministro, junto a Vallejo, hizo entrega de la Cruz Distinguida de 2ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a varios distinguidos juristas, incluidos Joan Bassas Mariné, Julio Naveira Manteiga, Joaquim de Miquel Sagnier y Marta Martínez Gellida.

En una emotiva parte del acto, también se otorgaron las Cruces Distinguida de 1ª clase de la misma orden a Miquel Berenguer (In Memoriam) y Carles McCragh Prujà, destacando su contribución a la práctica del derecho.

La condecoración más significativa de la tarde, la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, fue entregada póstumamente a Francisco Vega Sala, un destacado abogado que se desempeñó como letrado de la Administración de Justicia y fue presidente de Honor de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia.

Al concluir la entrega de reconocimientos, Bolaños puso de manifiesto la importancia de cada uno de los juristas honrados, reconociendo el papel crucial que la abogacía desempeña en la defensa de los derechos y libertades de la sociedad. También subrayó la colaboración activa entre el ICAB y el Consell de l'Advocacia Catalana, enfatizando el compromiso del Ministerio hacia la modernización del servicio público de justicia, para garantizar un sistema "modélico, ágil, accesible y centrado en las personas".