El Parlament de Catalunya ha dado un paso significativo hacia la revitalización de sus áreas rurales al aprobar un proyecto de ley que establece un Estatuto específico para los municipios rurales. Esta normativa, esencial para frenar la despoblación que afecta a más de 600 de los casi 1.000 municipios de la región, busca crear un marco legal que ayude a fortalecer la cohesión territorial en Catalunya.

Tras una tramitación que comenzó en la legislatura anterior y que se vio interrumpida por la convocatoria anticipada de elecciones, la propuesta ha recibido el respaldo unánime de un amplio espectro político, que incluye a PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns, CUP y Aliança Catalana, mientras que Vox ha votado en contra, evidenciando una divergencia en la visión sobre el futuro de los pueblos más pequeños.

Albert Dalmau, conseller de la Presidencia de la Generalitat, ha calificado este momento como histórico, destacando la importancia de este consenso entre diversas fuerzas políticas. Según Dalmau, la implementación de este Estatuto permitirá construir una Catalunya más justa y equilibrada, atendiendo especialmente a las necesidades de los municipios más vulnerables que carecen de recursos comparables a los de las grandes urbes.

El conseller afirmó que la verdadera igualdad implica un enfoque diferenciado según las realidades de cada comunidad, reiterando el compromiso de acompañar a aquellos municipios que enfrentan mayores desafíos. Este enfoque busca garantizar que la atención no se centre únicamente en el ámbito urbano, sino que se extienda a todos los rincones del territorio catalán.

A la sesión parlamentaria asistieron figuras destacadas de la política catalana, incluidos el expresidente Pere Aragonès y el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como líderes de las diputaciones y alrededor de 608 representantes de municipios, lo que refleja el interés y la implicación en el desarrollo rural.

Según la nueva ley, un municipio se considerará rural si tiene menos de 2.000 habitantes y está ubicado en una comarca rural, así como aquellos en comarcas limítrofes con densidades de población menores a 90 habitantes por kilómetro cuadrado o que hayan registrado un crecimiento poblacional negativo durante la última década. Además, se asignará una categoría de "especial atención" a los municipios con menos de 500 habitantes, que suman un total de 381.

La clasificación de los municipios rurales se actualizará cada cuatro años, ajustándose a las variaciones de población según criterios establecidos que permiten un pequeño margen de cambio. Esto asegura que la normatividad se mantenga relevante y alineada con las realidades demográficas de cada localidad.

El nuevo marco legislativo también impone la inclusión de una "perspectiva rural" en todas las políticas públicas, obligando a las administraciones a evaluar el impacto territorial, económico y medioambiental de sus decisiones a través de un mecanismo de garantía rural.

Para apoyar financieramente a los municipios rurales, se anunciará la creación de un fondo específico, así como líneas de subvenciones y opciones de incentivos fiscales orientadas a la adquisición y rehabilitación de viviendas, impulsando así el desarrollo sostenible de estas áreas.

Además, se busca simplificar la burocracia que enfrentan muchos ayuntamientos, facilitando un acceso más ágil a los trámites mediante un portal único de la Generalitat, diseñado para ofrecer toda la información y servicios necesarios de manera centralizada. Esto podría ser un alivio para los municipios que a menudo luchan con la falta de recursos humanos para gestionar adecuadamente sus gestiones administrativas.