Una reciente revelación ha puesto en el centro del debate público una relación de infiltración dentro de los movimientos sociales en Catalunya, donde una agente de la Policía Nacional mantuvo un vínculo sentimental con un activista independentista durante tres años.

En un desarrollo que ha captado la atención mediática, la Fiscalía ha respaldado la actuación de la agente, sugiriendo que la jueza instructora debería desestimar la querella presentada por el activista Òscar Campos, quien fue pareja de la funcionaria policial desde 2020 hasta 2023.

La querella, accesible a Europa Press, expone que la relación no fue fruto de un encuentro fortuito, sino que tenía un objetivo defraudador. Campos, que se encuentra en el centro de una investigación relacionada con protestas en torno al primer aniversario del referéndum del 1-O, sostiene que su conexión con la agente estaba fundamentada en un engaño, ya que ella ocultó su verdadera identidad y su condición de funcionaria policial.

El activista denuncia que la relación fue manipuladora y que su finalidad era obtener información sobre él y su entorno. Alega que la agente utilizó su cercanía para acceder a datos confidenciales y participar en encuentros con sus abogados mientras preparaban una defensa legal.

Sin embargo, la Fiscalía argumenta que la querella carece de méritos, señalando que no se mencionan prácticas ilícitas en la formación de la relación. Insisten en que ambas partes consintieron en la relación a lo largo del tiempo vivido juntos.

La Fiscalía sostiene que la participación de la agente en las reuniones con el abogado de Campos se justificó por su papel como pareja, lo cual fue consensuado por ambos. Además, desestima el posible delito de revelación de secretos, indicando que las interacciones en cuestión se mantuvieron dentro de los límites razonables de una relación personal.

Este caso se presenta en el contexto de una supuesta estrategia de seguridad del Estado que busca prevenir el aumento de acciones consideradas radicales en el marco del movimiento secesionista. La Fiscalía afirma que la actuación de la policía encubierta tenía como objetivo neutralizar actividades potencialmente violentas, incluidas manifestaciones no autorizadas.

A pesar de que el uso de agentes encubiertos está regulado, la Fiscalía aclara que hay otros escenarios donde un agente puede disimular su identidad, aún cuando esto no tenga como finalidad directa reunir pruebas para investigaciones penales.

El informe de la Fiscalía también concluye que no se ha demostrado que la supuesta ocultación de la identidad de la agente produjera un daño psicológico en Campos. Atribuyen su estado emocional a la propia ruptura de la relación en lugar de a la naturaleza engañosa de la misma.

En un referido reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona, se desestimó un recurso similar en el que otro agente encubierto fue cuestionado por mantener relaciones con varias mujeres mientras ocultaba su actividad policial.

Benet Salellas, abogado de Òscar Campos, ha expresado su firme posición en contra de la decisión de la Fiscalía, afirmando que se trata de hechos que merecen una investigación judicial rigurosa. Salellas sostiene que cualquier resolución que no busque examinar estos hechos sería una injusticia jurídica y una violación de la ley.

El abogado ha hecho un llamado a la jueza, instando a que se considere la toma de acciones judiciales sobre este caso: "Aguardamos la resolución de la jueza sobre la admisión de la querella, y confiamos en que se llevará a cabo una instrucción judicial, ya que no podemos aceptar las afirmaciones de la Fiscalía", concluyó.