Barcelona, 21 de diciembre.

Cristina Vallejo, decana del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), ha manifestado que el juicio que afecta al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es un proceso que se centra en su persona y no en una institución como tal. Vallejo ha enfatizado la importancia de no dejar que un caso aislado comprometa la credibilidad de las instituciones democráticas: "No podemos dejar que un juicio en particular debilite la confianza en nuestras instituciones".

En una reciente conversación con Europa Press, la decana ha declarado que la abogacía tiene como uno de sus principales objetivos garantizar que la justicia sea efectiva y que los derechos de los ciudadanos sean defendidos adecuadamente. "Esa es, en esencia, la democracia", ha añadido eregiendo su compromiso con el Estado de Derecho.

Vallejo ha subrayado también la responsabilidad compartida entre la abogacía, los poderes públicos y los medios de comunicación para evitar que un juicio aislado politicé el funcionamiento de todas las instituciones. "Si no tenemos cuidado, podemos caer en un error de interpretación y confianza", ha alertado.

En su análisis sobre la colaboración entre el ICAB, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y otros órganos, Vallejo ha resaltado la importancia de trabajar de manera conjunta para asegurar que los procedimientos judiciales sean independientes y se lleven a cabo con la máxima calidad. "Nuestro deber es garantizar que el Estado de Derecho sea funcional y accesible para todos", ha expresado.

Respecto a la Ley Orgánica 1/2025 sobre Eficiencia Judicial, Vallejo ha puesto en duda su implementación completa en Barcelona para la fecha estipulada del 1 de enero de 2026. Ha indicado que desde el ICAB prefieren una aplicación progresiva, sugiriendo que se comience con áreas específicas donde sea más práctico, como la jurisdicción mercantil, y proporcionando tiempo adicional para civil y penal. "Queremos que la ley se implemente realmente, no que termine siendo solo papel", ha afirmado.

También abordó las sanciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso al ICAB por sus recomendaciones de honorarios. La Audiencia Nacional desestimó el recurso del Colegio, que ya había pagado la multa de 620.000 euros en 2018. Vallejo ha señalado que el marco legal ha evolucionado desde entonces y que la nueva regulación exige mayor transparencia en los costes de los procesos judiciales para los ciudadanos.

Frente a la postura de la CNMC, Vallejo advirtió que no han logrado un acuerdo y ha demandado al Ministerio de Justicia que intervenga. "La actualidad nos obliga a aplicar criterios legales inciertos y difusos, lo que perjudica al consumidor. La ciudadanía necesita saber de antemano a qué atenerse", ha señalado con preocupación.

Sobre la situación de los menores en riesgo de desamparo, Vallejo comentó que el ICAB está manteniendo diálogos con el Ministerio y la Conselleria de Justicia para que estos menores reciban la asistencia jurídica que merecen. "No puede ser que la Administración Pública actúe como juez y también como parte implicada", ha declarado contundentemente.

"A lo largo de 20 años, mis predecesoras han trabajado en esta dirección, y con la colaboración de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, están logrando avances en la protección de los derechos de los menores para que tengan representación legal además de sus padres", añadió Vallejo.

Respecto al plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, que ha incluido la creación de nuevos juzgados para acelerar los juicios, Vallejo destacó la necesidad de dar continuidad a estas iniciativas para asegurar su eficacia.

Finalmente, sobre el incremento de ocupaciones ilegales, Vallejo propuso que, si los procedimientos judiciales permitieran la recuperación de inmuebles en un plazo máximo de 72 horas, se podría mitigar este problema. Recordó que en otros países europeos, como Portugal y Francia, se han establecido penas más severas en este sentido, lo que podría resultar en una disminución del fenómeno en Catalunya. "Aquí, la ineficiencia del sistema permite que la ocuapción se prolongue sin consecuencias inmediatas", concluyó.