Reflejos sobre la amnistía: el papel del Tribunal Constitucional en el caso de Puigdemont y Junqueras

El reciente borrador de sentencia elaborado por Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), parece dar una vuelta de tuerca a la situación de los líderes independentistas, al avalar la ley de amnistía en un contexto de incertidumbre. Según diversas fuentes jurídicas consultadas, el documento no aborda de manera concreta el delito de malversación, un elemento crucial en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular (PP).

El Tribunal Supremo ha fundamentado su interpretación sobre el caso de la malversación en el contexto del ‘procés’, argumentando que esta conducta justifica la exclusión de Puigdemont y Junqueras de la amnistía. A su juicio, los ex líderes catalanes habrían actuado en beneficio personal usando recursos públicos para financiar un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, lo cual alimenta la narrativa de que los intereses partidistas primaron sobre el bienestar colectivo.

Otra de las justificaciones del Supremo radica en su interpretación de que el intento de independencia de Cataluña afecta los intereses económicos de la Unión Europea, considerándose esto un segundo motivo para no aplicar la amnistía. La decisión del TC será observada con atención, ya que en el Supremo se muestran expectantes sobre cómo esta nueva sentencia puede influir en sus futuras determinaciones.

Si se confirma la constitucionalidad de la ley de amnistía, no se descarta que las órdenes de detención contra Puigdemont y otros ex consejeros se mantengan vigentes, así como las condenas de inhabilitación. Así, los caminos legales parecen cada vez más complejos a medida que avanza el proceso judicial en este caso emblemático.

A medida que se avanza hacia una sentencia, es probable que los líderes independentistas busquen seguir disputando legalmente las decisiones del Supremo, algo que podría ir de la mano con sus propias preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al igual que ya han hecho otros tribunales españoles. Este movimiento podría dar pie a una batalla legal aún más intensa en los meses venideros.

Expectativas sobre la primera sentencia: una mirada al proceso judicial

La ponencia de Montalbán se distribuirá entre los magistrados para su análisis antes del Pleno programado para el 10 de junio. Sin embargo, el veredicto final no se espera hasta el 24 de junio, lo que deja un margen significativo para la especulación en torno a cómo se decidirá el futuro de la amnistía.

Durante el segundo Pleno, se discutirá tanto la propuesta de Montalbán como las solicitudes de la minoría conservadora, que abogan por una paralización de la sentencia a la espera de una respuesta del Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha sido firme en su postura de continuar con el proceso sin esperar la resolución de instancias europeas.

Además, el PP ha solicitado la abstención de Conde-Pumpido, argumentando la necesidad de cuidar la imparcialidad del tribunal. Las fuentes de la mayoría progresista del TC consideran estas acciones como movimientos dilatorios sin base jurídica sólida, anticipando que el Pleno tomará decisiones que podrían facilitar la aprobación de la ponencia sin mayores alteraciones.

Una vez que se pronuncie sobre la amnistía, el TC podría optar por un enfoque más cauteloso respecto a otros casos relacionados, aunque aún queda por verse cómo se abordarán las numerosas impugnaciones que ya han llegado al tribunal. Con un horizonte legal lleno de matices y tensiones políticas, el camino hacia una resolución definitiva en esta saga parece, más que nunca, una travesía litigante prolongada.