La Generalitat de Catalunya ha llegado a un acuerdo con las principales patronales y los sindicatos mayoritarios para incrementar las tarifas de los servicios de atención a las personas. El acuerdo, firmado el pasado jueves, fija para 2023 un aumento del 4% y añade un pago extraordinario del 2% para hacer frente al incremento de los costes energéticos. Con estas mejoras, sumadas a las pactadas el año pasado, se habrá incrementado en tres años un 12% los importes de referencia de la red de servicios de atención pública en áreas como la gente mayor, la discapacidad, la salud mental, la infancia y la adolescencia, la acogida y la adopción, la atención precoz, el apoyo a la autonomía, las drogodependencias, VIH/Sida y las tutelas.

El acuerdo supone un incremento del 5% de media para el año que viene. Para mejorar la calidad de estos servicios, patronales y sindicatos han pactado que los incrementos repercutan en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector, en el marco de la negociación colectiva. Las patronales se han comprometido a trasladar el aumento de tarifas a una mejora salarial de forma, como mínimo, proporcional, y el objetivo es que el personal de la red de servicios sociales concertados o con financiación pública de Catalunya "avancen hacia unos salarios justos, dignos y equiparables a los del sistema de salud y al de función pública".

Según el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, este acuerdo pone el estado del bienestar de Catalunya en el siglo XXI, y destaca que es la "primera vez en la historia" que sindicatos, patronales y Govern firman un acuerdo de estas características. Además, asegura que esta mejora histórica de las tarifas muestra la voluntad de construir un sistema catalán de servicios sociales justo y sostenible, con buenas condiciones laborales para los trabajadores del sector.

Para formalizar el incremento del 4% previsto en 2023, que será retroactivo a 1 de enero, el departamento publicará este mes de junio la orden de actualización del coste de referencia de los servicios sociales. En el acuerdo, Derechos Sociales se compromete también a revisar este año los importes de las prestaciones económicas vinculadas (PEV) para personas en situación de dependencia, para mejorar la progresividad y con un incremento medio del 15%, lo que supondrá una inversión del Govern de 28 millones de euros. Además, hará una aportación única y extraordinaria de 29,3 millones de euros, equivalente al 2% de las tarifas establecidas, por el aumento de los precios de la energía en el contexto internacional.