La reciente aprobación de la nueva ordenanza en Barcelona ha marcado un hito en la regulación de la circulación, con una decisión que prohíbe a las bicicletas y a los vehículos de movilidad personal (VMP) transitar por las aceras. Esta medida, que busca priorizar la seguridad de los peatones, fue ratificada en el pleno del Ayuntamiento el pasado viernes y regirá a partir del 1 de febrero de 2025.

El consenso entre los partidos del PSC, ERC y BComú fue fundamental para llevar a cabo esta modificación de la actual normativa de 2017. Sin embargo, la abstención del PP y los votos en contra de Junts y VOX evidencian las divisiones políticas en torno a este tema. La nueva normativa no solo establece la obligación del uso de casco para los usuarios de VMP, como los patinetes eléctricos, sino que también introduce limitaciones en la velocidad de circulación, restringiendo su uso en vías con un límite de 50 kilómetros por hora.

Entre las medidas destacadas, se establece que estos vehículos no pueden exceder de 25 kilómetros por hora en los carriles bici, y deben reducir su velocidad a 30 en las calles correspondientes. En aquellos tramos donde los carriles bici se integran en las aceras o en plataformas únicas, la velocidad queda restringida a solo 10 kilómetros por hora, un esfuerzo adicional por garantizar la convivencia entre diferentes modos de transporte.

Además de prohibir la circulación de bicicletas y VMP en las aceras, la ley también plantea restricciones al estacionamiento de motos en áreas cercanas a hospitales y centros educativos, reforzando así la seguridad en entornos sensibles. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, celebró la aprobación de esta norma, indicando que la intención del gobierno es que las aceras sean espacios exclusivamente destinados a los peatones. Bonet elogió el diálogo constructivo mantenido con sus aliados políticos durante el proceso de elaboración de la ordananza.

Guille López, concejal de BComú, reconoció que aunque se trata de un avance importante, también considera que sigue siendo insuficiente ante los desafíos que enfrenta la ciudad. En sus palabras: "Nos queda mucho trabajo para hacer", una reflexión que pone de manifiesto la necesidad de seguir evolucionando hacia un modelo de movilidad más inclusivo y seguro.

Por su parte, Rosa Suriñach, concejal de ERC, destacó el entendimiento alcanzado para reconfigurar la escalera de vulnerabilidad en el espacio público, expresando su frustración por el largo tiempo que esta legislación estuvo guardada en el olvido. Su preocupación sobre los años perdidos subraya la urgencia de avanzar en la protección y los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Las críticas no tardaron en llegar desde la oposición. Francina Vila de Junts afirmó que la nueva ley no tendrá un impacto real en las calles de Barcelona, argumentando que el gobierno ha desaprovechado una oportunidad para establecer un modelo de movilidad más adaptado a las necesidades locales y no simplemente trasladar una normativa europea genérica.

Desde el PP, su portavoz Juan Milián lamentó que en el texto final no se incluyeran medidas como la obligación de matricular y asegurar los patinetes, señalando que se carece de una visión integral que contemple alternativas viables. Su crítica refleja una preocupación por la falta de medidas que garanticen un marco seguro para todos los usuarios de la vía pública.

Finalmente, el portavoz de VOX, Liberto Senderos, manifestó su desacuerdo con la nueva normativa al considerar que no se brinda suficiente atención a las necesidades de los motoristas. En su opinión, se trata de regulaciones que limitan de manera “ridícula” la velocidad de circulación en diversas vías, dejando entrever una polarización en las expectativas y necesidades de los distintos actores en la movilidad urbana.