El portavoz de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo, Jaume Asens, ha expresado hoy su opinión sobre la reciente controversia que rodea la compra de municiones a una empresa israelí, afirmando que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha quedado en una posición comprometida tras la intervención del presidente Pedro Sánchez.

Durante una entrevista en TV3, Asens subrayó que el presidente del Gobierno tuvo que actuar para desautorizar al ministro, quien había ignorado las demandas de otros miembros del gabinete, incluyendo a la vicepresidenta y a otros altos funcionarios, que pedían su dimisión. "Demuestra una falta de respeto hacia el principio de derechos humanos que no se puede tolerar", declaró.

Asens señaló que, de no haber sido por la intervención del presidente, el contrato con la empresa hubiese continuado como estaba planeado. Además, subrayó la necesidad de reflexionar sobre la conducta de un ministro que, según él, no ha mostrado un firme compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.

El eurodiputado también destacó la recuperación de la coalición gubernamental, resaltando que, cuando Sumar ejerce presión, se generan cambios palpables. Opinó que posiciones críticas como las manifestadas por Izquierda Unida han motivado al PSOE a actuar con mayor determinación en este asunto.

Asens aboga por la creación de una ley que impida la exportación de armas con el fin de evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, y enfatizó que no se debe permitir la llegada de armamento destinado a Israel a los puertos españoles.

Además, recalcó que los acuerdos con empresas israelíes pueden ser detenidos o anulados, en virtud de fallos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, argumentando que los tratados internacionales que España ha firmado son vinculantes y deben ser respetados.

Finalmente, Asens criticó la postura de España en el contexto del conflicto, señalando que es una anomalía en Europa frente al crecimiento de la extrema derecha. Expresó su consternación por la inacción de la Unión Europea ante lo que califica como genocidio y sugiere que, a nivel institucional, hay una complicidad preocupante en la perpetuación de la violencia.