BARCELONA, 24 de enero. La presidenta de la Comisión Mujeres Abogadas del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Olga Arderiu, ha levantado la voz en una contundente crítica hacia el juez Adolfo Carretero, quien preside el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid. La abogada cuestionó la forma en que el magistrado interrogó a la denunciante de Íñigo Errejón en el marco de una acusación de agresión sexual, señalando que “Esta no es la manera de cómo se debe de interrogar”.

Esta declaración tuvo lugar durante la inauguración de la 'II Jornada sobre feminismo y perspectiva de género en el derecho: Aplicación del principio de igualdad en el Derecho Civil y Derecho Administrativo', un evento que se celebró este viernes en la sede del ICAB y que contó con la presencia de la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor.

Arderiu, al expresar su desacuerdo con el enfoque del interrogatorio, subrayó la posibilidad de formular preguntas que no revictimicen a la denunciante de manera innecesaria. A pesar de ello, no dejó pasar la oportunidad para celebrar los avances conseguidos en el ámbito feminista, citando casos judiciales significativos, como la decisión de que el hijo de Juana Rivas no tuviera que regresar con su padre, así como la condena de la ONU a España en el caso de Ángela González Carreño. “Es una trayectoria dolorosa, pero hemos ido avanzando”, concluyó.

En la misma línea, Núria Flaquer Molinas, moderadora de la mesa y diputada de la Junta del ICAB, recordó la importancia del trabajo realizado por el colegio profesional en la promoción de la igualdad de género. Flaquer destacó el establecimiento de la primera Junta paritaria bajo la dirección de María Eugenia Gay y cómo esta iniciativa se ha mantenido en la actualidad con el actual decano, Jesús M. Sánchez, que cuenta con una representación femenina superior a la masculina.

La mesa inaugural fue moderada por Àngels Calàvia Molinero, miembro de la Comisión de Mujeres Abogadas del ICAB. Durante este panel, se exploró la violencia económica. Anna Aranda, magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Martorell, afirmó que esta forma de violencia puede manifestarse en cualquier sector de la población, sin distinción de edad, etnia, habilidades o contexto socioeconómico. Sin embargo, subrayó que ciertas mujeres, como las migrantes que enfrentan barreras para acceder al mercado laboral o completar su formación, son más vulnerables y pueden ser blanco de los victimarios.

La jueza observó que la violencia hacia los animales, perpretrada por los agresores, puede servir como un señalamiento temprano de abusos en relaciones de pareja, indicando que la violencia económica frecuentemente precede a la violencia física y coexiste con la violencia psicológica. Además, mencionó que los agresores suelen utilizar la violencia económica como una forma de "castigo o represalia", así como para menospreciar, manipular y aislar socialmente a las mujeres, restringiendo así sus relaciones y actividades recreativas; un comportamiento que ella calificó de "la forma más bestial" del sabotaje laboral.

Aranda también hizo eco de una reciente sentencia de la Sala 2 del Tribunal Supremo, que establece que “el impago reiterado y consciente de la pensión”, que coloca a la mujer en una situación de vulnerabilidad, se considera una manifestación de violencia económica.

Por otro lado, la abogada y administradora concursal, María Elisa Escolà, afirmó que la Ley de Segunda Oportunidad es “la mejor manera”, aunque no la óptima, para que las mujeres atrapadas en el ciclo de la violencia económica logren liberarse de sus deudas. Escolà destacó que, a pesar de la falta de recursos y la saturación en los juzgados, la Segunda Oportunidad representa un camino de esperanza para aquellas mujeres que han sido “sobreendeudadas de buena fe”—que, como ella mencionó, puede incluir a víctimas de violencia económica ejercida por sus parejas o exparejas.

Además, enfatizó que esta ley está vinculada al derecho a la dignidad de la persona, evitando que las mujeres se vean obligadas a recurrir a la economía sumergida o enfrentarse a la exclusión social.

Durante la jornada también se discutirán temas relacionados con la violencia institucional y la aplicación de la perspectiva de género en la asignación de la custodia. Arderiu adelantó que en marzo se organizará otro encuentro centrado en cuestiones de carácter penal.