En una reciente jornada dedicada a la vivienda organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Badalona, el alcalde García Albiol ha lanzado duras críticas contra el Gobierno español, señalando una falta notable de inversiones y una inclinación hacia decisiones momentáneas que agravan la crisis habitacional. Su intervención subrayó la creciente preocupación por la regulación estatal, que, según él, ha complicado aún más el ya fragmentado mercado de la vivienda.

Durante su intervención, el alcalde identificó dos problemas fundamentales que están paralizando el acceso a la vivienda: la ocupación ilegal y la inseguridad jurídica presente en el país. Albiol expresó su frustración por la desprotección que sufren los propietarios ante los impagos de alquiler, lo que, a su juicio, provoca un efecto negativo en la oferta de viviendas disponibles, especialmente para los jóvenes.

El alcalde explicó que los procedimientos judiciales para recuperar una vivienda desocupada pueden extenderse entre uno y dos años, lo que lleva a muchos propietarios a aplicar condiciones limitativas que afectan gravemente a los inquilinos más jóvenes. En su opinión, esta situación es consecuencia de una legislación inadecuada que el Gobierno se niega a cambiar, lamentando que estas normativas perjudican la inversión en la construcción y el alquiler de viviendas.

Además, Albiol abogó por la necesidad de eliminar la inseguridad jurídica, considerándola un obstáculo serio en el sector. Propuso la simplificación de las normas actuales y enfatizó la importancia de fomentar la colaboración entre sectores público y privado como una vía para solucionar la crisis de la vivienda.

El alcalde se mostró firme en su creencia de que la vivienda debería ser un derecho garantizado y no un privilegio, resaltando que todos los niveles de gobierno, desde locales hasta europeos, tienen una responsabilidad compartida en este ámbito. Aseguró que, aunque no existen soluciones instantáneas, hay enfoques viables que pueden marcar la diferencia.

Por su parte, Sari Rautio, presidenta del PPE en el Comité de las Regiones, reveló una estrategia centrada en impulsar acciones tanto a nivel europeo como en los Estados miembros para abordar la crisis de la vivienda. Propuso reformar las normativas existentes, lo que facilitaría un mayor acceso a residencias sociales.

Rautio enfatizó que el éxito de las políticas de vivienda en Europa dependerá de una cohesión que surja desde las bases hacia arriba, abogando por el empoderamiento de las administraciones regionales y locales, que son las que poseen un conocimiento más profundo de las necesidades de la ciudadanía.

La presidenta también subrayó la importancia de proteger la propiedad privada, considerándola fundamental para fomentar la inversión. Afirmó que el respeto a este derecho es innegociable y llamó a actuar con decisión contra la ocupación ilegal, que afecta no solo a propietarios, sino también a la justicia social en su conjunto.

Finalmente, Rautio advirtió sobre el peligro de que el Pacto Verde europeo se convierta en un obstáculo para la vivienda, haciendo hincapié en que los fondos europeos deben ser accesibles y centrarse en las autoridades locales. Destacó la necesidad de fomentar innovaciones en el abordaje de problemas de vivienda, como la promoción de cooperativas, y planteó que las regiones y ciudades deben desempeñar un rol protagónico en la formulación de políticas habitacionales.