133 detenidos y un administrador que puede no pagar por lo que escriben otros

Si gestionas un grupo de WhatsApp o Telegram, esto te interesa: un abogado experto en derecho digital explica que el administrador de las cuentas vinculadas al fenómeno Blocus no responde automáticamente por los mensajes que envían otros miembros. Tras los disturbios del pasado sábado en Barcelona, que dejaron 133 detenidos, la pregunta de quién paga y quién responde está en boca de todos.

La clave está en la intención. Según el abogado Eloi Font, para exigir responsabilidad penal hace falta demostrar que el administrador incitó de forma directa y concreta a cometer delitos, que participó en ellos o que difundió esas ideas como propias. Dicho de otra forma: no basta con tener el móvil en la mano ni con que el grupo sea un caos. Hay que probar qué sabía, qué quería y qué hizo.

Las posibles consecuencias penales son serias si se demuestra esa implicación. Hablamos de desórdenes públicos agravados, de un delito de provocación al robo o de pertenencia a organización criminal si existe una estructura estable. Y hay un dato que cambia el cuadro: 85 de los 133 detenidos tienen entre 14 y 17 años. Si el administrador es adulto, podría responder como inductor de delitos cometidos por menores; si es menor, el caso iría por la Ley de Menores.

¿Y qué pasa con los padres? Aquí entra la vida cotidiana de cualquier familia. Cuando un menor causa daños, sus padres o tutores responden solidariamente con él. Eso significa que un comerciante afectado puede reclamar a cualquiera de los dos. Eso sí, un juez puede rebajar esa responsabilidad si los padres demuestran que no favorecieron la conducta ni fueron negligentes. Y si alegan insolvencia, la deuda no desaparece: queda pendiente para cuando mejore su situación.

En los disturbios multitudinarios, además, no es fácil repartir la culpa. Hay que individualizar los actos de cada persona. Si nadie puede demostrar quién causó cada daño, el seguro del comercio afectado suele ser quien responde, aunque los actos vandálicos tumultuosos están a menudo excluidos de las pólizas. En ese caso entra en juego el Consorcio de Compensación de Seguros, y las ayudas anunciadas por la Generalitat.

Para quien usa estas aplicaciones a diario, el mensaje es claro: reenviar una convocatoria puede tener consecuencias, y el abogado distingue entre quien convoca y quien simplemente reenvía. Si ves mensajes que animan a la violencia, no los compartas y guarda capturas antes de que se borren, porque las pruebas son volátiles. Si eres padre o madre, habla con tus hijos sobre qué grupos siguen y qué responsabilidad arrastran. Y si eres comerciante afectado, documenta los daños y consulta cuanto antes con tu aseguradora.

Lo que viene ahora es una investigación lenta. Las plataformas están fuera de España, los mensajes van cifrados y las cuentas son anónimas, lo que obliga a cooperación internacional. Bloquear la aplicación, según el experto, sería desproporcionado. El Colegio de Abogados de Barcelona ha reforzado el turno de guardia para atender el fin de semana, y la Fiscalía prevé reforzar los juzgados. Con la nueva convocatoria para este sábado, la advertencia es clara: la respuesta legal existe, pero tardará, y quien se vea implicado tendrá que demostrar qué hizo y qué quiso hacer.