La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha elogiado el trabajo de la exministra Irene Montero en el Ministerio de Igualdad y ha instado a la nueva ministra, Ana Redondo, a seguir avanzando en la garantía de derechos de las mujeres. Verge ha destacado la importancia de no retroceder en materia de igualdad y ha llamado a seguir impulsando el feminismo frente a la ola reaccionaria de la extrema derecha.

La consellera ha señalado que Montero impulsó medidas necesarias como la reforma del aborto y la Ley del 'solo sí es sí', pero ha lamentado que en ámbitos como el poder judicial no se estén implementando suficientes políticas feministas. Verge ha ejemplificado esta situación con la propuesta de reforma de la Ley del 'solo sí es sí', aprobada por el Senado, y ha subrayado la necesidad de formar a los jueces en perspectiva de género.

En este sentido, Verge considera fundamental desplegar políticas feministas desde el ámbito de Justicia, ya que la falta de formación judicial tiene graves consecuencias para las mujeres, especialmente en casos de violencia sexual y feminicidios. Por ello, aboga por formar a todos los jueces en perspectiva de género, no solo a aquellos que forman parte de tribunales especializados.

La consellera también ha hecho hincapié en la importancia de garantizar una atención adecuada a las víctimas de violencia machista en casos de separación o divorcio, y ha defendido que se eviten las custodias compartidas en situaciones de violencia machista. Asimismo, Verge ha exigido al Estado que incorpore la formación obligatoria en perspectiva de género para los responsables del poder judicial, con el fin de evitar la revictimización de las mujeres.

Por otro lado, Verge ha destacado la necesidad de cambiar el paradigma de las políticas de acogida en el Estado español. Según ella, el modelo centralizado vigente hasta ahora no funciona, por lo que reclama co-decisión en las políticas de migraciones y refugio, así como una distribución de recursos más equitativa. La consellera ha enfatizado que Cataluña tiene capacidad de acogida, pero exige poder decidir el destino de las personas migrantes y refugiadas y planificar los servicios públicos en consecuencia.