El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado enfáticamente a la Generalitat a involucrarse en el proceso de negociación en torno a la adquisición del Grupo Celsa por parte de fondos de inversión. Esta demanda fue expresada después de una reunión con la sección sindical de Celsa en Barcelona, donde Álvarez, junto con el secretario general del sindicato en Cataluña, Camil Ros, criticó que este asunto no forme parte de las preocupaciones de los gobiernos autonómicos.

También ha dirigido un mensaje directamente al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, enfatizando que el futuro de Celsa no es un asunto trivial. Álvarez ha defendido firmemente la presencia de los sindicatos en el consejo de administración de la empresa y ha solicitado que esta participación sea independiente. Además, ha manifestado que están a la espera de ser convocados por el Gobierno central para formar parte de las negociaciones y ha exhortado a que no se prolongue innecesariamente esta situación.

Álvarez ha resaltado la importancia de que los trabajadores estén involucrados en este proceso y ha advertido que, en caso de no contar con la participación de los sindicatos, los empleados de Celsa se verían excluidos. En este sentido, ha abogado por encontrar fondos industriales con capital español que garanticen la continuidad del Grupo, con el objetivo de evitar que la empresa termine en manos de aquellos que solo buscan especular o conseguir rendimientos económicos.

El líder sindical ha transmitido a los trabajadores que el sindicato estará a su lado durante todo el proceso y no descarta llevar a cabo movilizaciones para salvaguardar tanto la empresa como los puestos de trabajo. Asimismo, ha señalado que confía en la capacidad del Gobierno para evitar que este proceso avance y ha manifestado que, en estos momentos, esto es algo que les ocupa más que les preocupa.

Por otro lado, durante el Debate de Política General en el Parlament, se ha aprobado una propuesta de resolución de los comuns que defiende la aplicación de un veto al cambio de propiedad o la imposición de condiciones para garantizar la integridad del Grupo y la protección de los empleos. En este sentido, se ha subrayado la importancia estratégica de la compañía y se ha criticado la falta de posibilidad de apelación ante la decisión de un único juez, calificando esta situación como irracional.