Un informe reciente ha revelado que alrededor de 49.000 agricultores se han visto gravemente impactados por la DANA, una situación de emergencia climática que ha dejado una profunda huella en la agricultura. Este dato ha sido proporcionado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una intervención en Barcelona el 25 de noviembre.

Planas ha afirmado, con firmeza, que el Gobierno español fue pionero en alertar sobre la necesidad de activar los servicios de protección civil ante la DANA. Sin embargo, ha señalado que la Generalitat Valenciana no actuó con la prontitud deseada. “Hubo numerosos avisos y muchas personas respondieron. Por lo tanto, se escuchó. Si algunos optaron por no actuar, las implicaciones son evidentes”, expresó el ministro en una entrevista concedida a 'La Vanguardia', según reportó Europa Press.

Ante la pregunta sobre si el gobierno valenciano ignoró las advertencias del Ejecutivo central, Planas mantuvo una postura cauta, sugiriendo que “el tiempo posicionará a cada uno” en esta situación. Enfatizó que su prioridad en este momento es reparar los daños en la medida de lo posible, asegurando que no escatimarán esfuerzos para lograrlo.

En cuanto al impacto de la DANA en el sector agroalimentario, ha comentado que hay una estimación preliminar que apunta a 49.000 agricultores afectados. Para facilitar la evaluación de los daños, el Gobierno ha habilitado un número de teléfono exclusivo que permitirá a los agricultores recibir un peritaje de manera ágil y eficaz.

El titular de Agricultura ha manifestado que el Ejecutivo se compromete a procesar las ayudas en un plazo no superior a 90 o 100 días. Ha identificado que los cultivos que han sufrido mayor daño son el caqui, los cítricos, el arroz y las viñas, subrayando que la recuperación de la normalidad variará en función de la etapa en la que se encuentre cada campaña agrícola.

Finalmente, Planas anunció la aprobación de cuatro medidas clave, con un presupuesto destinado de 444,5 millones de euros, todo ello con un objetivo claro: asegurar que no se pierda ni una sola hectárea de explotaciones agrícolas en el país. Esta declaración pone de relieve la determinación del Gobierno por respaldar a los sectores más vulnerables ante esta adversidad climática.