BARCELONA, 10 de junio.

Un importante avance en la protección de derechos humanos ha sido logrado por la Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que ha facilitado el traslado urgente a España de una segunda exfiscal afgana y su familia, según ha comunicado la universidad en un anuncio reciente.

La Audiencia Nacional, a través de su Sección 8 de la Sala Contenciosa Administrativa, ha dictado una orden cautelar que permite el traslado inmediato de esta exfiscal, junto a su pareja y su hijo menor. La decisión se fundamenta en la “situación de riesgo” a la que se enfrenta debido a su valiente trayectoria profesional y su firme compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, permitiéndoles así formalizar su solicitud de asilo.

Este logro es fruto del trabajo incansable de un equipo de la Clínica Jurídica de la UPF, que incluyó al profesor Maurici Pérez Simeón, quien también dirige la clínica, y los abogados Gemma Arqué Cot y Judith Riera Ortega. Además, colaboraron el procurador Rafael Ros Fernández y estudiantes de la Facultad de Derecho: Alex Mesalles, Daytona Falcó y Clara Melgosa, quienes ofrecieron su tiempo como voluntarios en este esfuerzo humanitario.

Sin embargo, la llegada de la exfiscal y su familia a Barcelona depende del tiempo que tome a la embajada de España en Pakistán ejecutar la resolución de la Audiencia Nacional. “Establecemos un pronóstico de que su traslado se materializará en las próximas semanas”, indicó Maurici Pérez.

Este esfuerzo representa la segunda ocasión en que la Clínica Jurídica de la UPF logra una medida cautelar en apoyo a exfiscales afganas que enfrentan persecución bajo el régimen talibán. En 2023, la clínica ya había conseguido que la Audiencia Nacional permitiera el ingreso en España de una fiscal antiterrorista que también necesitaba protección internacional.

La exfiscal en cuestión es reconocida por su trabajo en pro de los derechos de las mujeres, habiendo manejado numerosos casos de violencia de género. Su huida a Pakistán en 2021 estuvo marcada por la llegada de los talibanes a Kabul, un evento que desencadenó una crisis de derechos humanos sin precedentes en Afganistán.