En un contexto marcado por la creciente preocupación por la atención a las personas con discapacidad, el portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament, Juan Fernández, ha exigido con urgencia la comparecencia de la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo. Este requerimiento surge a raíz de una alarmante lista de espera que actualmente se sitúa en aproximadamente 16 meses para la evaluación del grado de discapacidad, un tema que ha generado un profundo descontento en la sociedad catalana.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, Fernández no escatimó en críticas hacia el reciente liderazgo de Oriol Junqueras en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), apuntando que su reelección representa "un regreso al pasado" en lugar de un avance hacia el futuro del partido. Junqueras obtuvo el 52% de los votos en la segunda vuelta del congreso de los republicanos, desatando una serie de reacciones políticas que cuestionan la dirección que tomará ERC bajo su liderazgo.

El portavoz popular denunció que la situación actual del Govern, dirigido por Salvador Illa del PSC, lo convierte en "rehén" de ERC. Fernández subrayó la necesidad de que la Generalitat presente de inmediato una propuesta de presupuestos, afirmando que Catalunya no puede permanecer un solo día más sin un marco presupuestario que funcione. Criticó además que las negociaciones presupuestarias estén condicionadas por el proceso interno de ERC, lo que podría afectar gravemente el bienestar social y económico de la región.

La situación de las personas con discapacidad fue un eje central de su intervención, y Fernández reclamó que se clarifique "la situación exacta a día de hoy" en relación a la atención y los plazos de respuesta para las solicitudes de reconocimiento o revisión de grado de discapacidad. Destacó que el plazo legal para resolver estos casos es de tres meses, mientras que el Gobierno de la Generalitat ha admitido, a través de una respuesta oficial a una pregunta del PP en el parlamento, que el tiempo de espera real ha ascendido a 16,6 meses, es decir, cerca de 500 días.

Además de la cuestión de la discapacidad, Fernández se refirió a la reciente petición de Junts al Consell de Garanties Estatutàries, tras la admisión en el Parlament de propuestas de ERC y los comuns que buscan retirar los beneficios fiscales del proyecto Hard Rock. El portavoz del PP se atribuyó el mérito de ser quienes más han defendido esta iniciativa y sostuvo que Junts ha estado ausente en este asunto, mientras que el PSC estaría actuando bajo la influencia de ERC, quienes, según Fernández, son los que realmente dictan las decisiones en el Govern.