El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto con el lehendakari, Imanol Pradales, han hecho un llamamiento a los ministros de Exteriores de los 27 países que integran la Unión Europea, solicitando que se otorgue el estatus de lenguas oficiales a las lenguas cooficiales de España: el catalán, el gallego y el euskera.

En una carta redactada en inglés, se destaca que después de cuatro décadas desde la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, es el momento propicio para que estas lenguas obtengan un reconocimiento formal en las instituciones europeas. La misiva incluye citas de destacados autores que han contribuido al legado cultural en estas lenguas.

Illa y Pradales argumentan que este reclamo no solo responde a la idiosincrasia de la realidad lingüística española, sino también a la voluntad expresada por otros Estados miembros para abordar lo que consideran una situación anómala. Argumentan que la reivindicación por la igualdad de derechos lingüísticos ha sido persistente desde la época de adhesión a la UE, aunque haya tenido que lidiar con la dilación en su implementación.

En su mensaje, los líderes subrayan la vitalidad y la relevancia cultural de estas lenguas, que son habladas cotidianamente por millones de españoles. Afirman que el nivel de producción cultural y comunicativa en catalán, gallego y euskera es comparable al de otras lenguas ya reconocidas oficialmente en la Unión.

Ambos mandatarios enfatizan que la diversidad lingüística es fundamental para entender la historia y la identidad nacional de España, así como su relación con Europa: “No es posible concebir Europa sin las contribuciones de estas lenguas”, apuntan.

También hacen hincapié en la complicada trayectoria del reconocimiento del multilingüismo en España, marcada por episodios de represión, y cómo, con el regreso a la democracia, se ha reestablecido este derecho. Las lenguas mencionadas han ido ganando terreno en la vida pública, lo que reafirma su status como pilares de cohesión y estructura social.

La carta aboga por esta causa como un imperativo de justicia lingüística que cuenta con un respaldo social significativo, y plantea una reflexión sobre los fundamentos de la Unión Europea, que se basa en la diversidad. Los presidentes cuestionan cómo se podría justificar la falta de reconocimiento frente a una ciudadanía que se siente parte de un Estado multilingüe.

Para Illa y Pradales, lograr la oficialidad de estas lenguas no solo es un acto de justicia, sino un paso crucial para fortalecer la identidad de los ciudadanos con la Unión Europea. Terminan su carta afirmando que “ha llegado el momento de culminar un proceso de cuatro décadas y de reafirmar la diversidad europea”, enfatizando la importancia de esta cuestión en el contexto actual.