En un reciente informe, la Fundació Bofill ha revelado que Catalunya enfrenta una grave carencia de profesionales en el ámbito educativo, proyectando la necesidad de incorporar 702 integradores sociales y 357 educadores sociales a los centros educativos que atienden a estudiantes de alta y máxima complejidad.

De acuerdo con los cálculos de la organización, para el curso 2025-26 se prevé que habrá solamente un educador social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales, y un integrador social por cada 1.147 estudiantes en situaciones similares. Esta falta de personal es crítica y afecta a los 329 centros de máxima complejidad y a los 401 de alta complejidad en la región.

En el contexto del curso escolar 2024-25, se estima que hay 275.400 alumnos que requieren apoyo adicional, sin embargo, la cifra de educadores sociales se limita a 60 y la de integradores sociales a 240, lo cual evidencia un desajuste considerable entre la demanda y la oferta de soporte educativo especializado.

La Fundació ha manifestado su preocupación por la drástica reducción en la disponibilidad de profesionales en las aulas, una tendencia negativa acentuada por la eliminación de la financiación europea y del Plan de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE-PROA+). Este recorte ha llevado a una reducción en el número de profesionales de aproximadamente 415 a 300, a pesar de que uno de cada tres estudiantes presenta alguna necesidad específica y el 35% de la población estudiantil vive en condiciones de pobreza.

La entidad critica esta combinación explosiva que, según su análisis, obstaculiza la atención adecuada a la creciente diversidad en el aula y frena la creación de un sistema educativo verdaderamente inclusivo en Catalunya.

Además, la Fundació Bofill ha señalado que el reciente Plan de acción contra el abandono escolar prematuro, presentado en noviembre, no ofrece soluciones concretas para aumentar la presencia de estos profesionales en las aulas, a pesar de ser una recomendación de la Comisión Europea. Tampoco se establecen objetivos claros para el personal orientador en los servicios educativos o territoriales.

Finalmente, entre otras propuestas, la Fundació sugirió en su último Anuario de la Educación la integración de la atención social en los centros de mayor complejidad, la creación de mapas de recursos y la coordinación del personal no docente, así como la unificación de horarios y condiciones laborales tanto para profesionales docentes como no docentes, y la definición clara de funciones y responsabilidades en la atención socioeducativa de los estudiantes.