El caso de las antenas de telefonía móvil en Badalona ha dado un nuevo giro, ya que la Fiscalía ha decidido modificar su postura respecto a los cargos que pesaban sobre algunos de los implicados. Según informes recientes, la acusación contra dos excargos municipales ha sido retirada, lo que ha generado un aluvión de preguntas acerca de la transparencia y el manejo de la justicia en este delicado asunto.

En el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Barcelona, la figura del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, continúa en el punto de mira. La Fiscalía ha mantenido su demanda de 2 años y 10 meses de prisión para él, por la supuesta instalación de antenas de telecomunicaciones sin la debida licencia en una comisaría local en 2012. Este hecho ha suscitado fuertes críticas y ha puesto en tela de juicio la responsabilidad de los gobernantes en la gestión de recursos públicos y la legalidad de sus acciones.

Junto a Albiol, otros exfuncionarios también enfrentan cargos. Estos incluyen a Miguel Jurado, exconcejal de Seguridad Ciudadana, Xavier Salvà, exgerente de Urbanismo, y varios miembros de su equipo de trabajo, quienes, según la Fiscalía, habrían colaborado en el proceso que permitió la instalación de las antenas sin las autorizaciones pertinentes. Sin embargo, en esta sesión del juicio, ha surgido la noticia de que la acusación fue retirada para Jurado y Oriol Lladó, lo que ha generado interrogantes sobre el futuro de este caso y las decisiones del Ministerio Público.

La Fiscalía también ha pedido que los implicados en esta trama indemnizan al Ayuntamiento de Badalona con un monto que asciende a 17.448,27 euros. Este aspecto del caso revela la complejidad de las responsabilidades compartidas entre las empresas de telecomunicaciones y el gobierno local. Vodafone deberá asumir una parte de esta indemnización, concretamente 6.562,08 euros, mientras que Movistar afrontará un monto de 10.886,19 euros. Adicionalmente, Vodafone está obligada a abonar los 8.300 euros correspondientes al consumo de electricidad de la comisaría de la Guardia Urbana, que fue cubierto en su momento por el consistorio.

Este caso no solo plantea serias cuestiones sobre la legalidad en las decisiones municipales, sino que también refleja la necesidad de una mayor rendición de cuentas en la política local. La retirada de la acusación para algunos de los excargos puede dar la sensación de que hay un trato desigual en la aplicación de la justicia, un asunto que podría enfurecer aún más a los ciudadanos que demandan transparencia y responsabilidad de sus líderes.