El juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía y a las defensas para que informen sobre la aplicabilidad de la amnistía a Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, en el marco del proceso judicial del 'procés'.

Llarena ha decidido mantener la orden nacional de detención contra Puigdemont a pesar de la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado este martes, y ha solicitado información a las partes sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares en su contra.

En este sentido, el juez ha ordenado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que sigan activas las órdenes de detención de Puigdemont, Comín, Puig y Rovira, hasta que sean modificadas judicialmente. Asimismo, ha dado un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre la posible aplicación de la amnistía.

A pesar de que la ley de amnistía establece el levantamiento inmediato de las medidas cautelares, Llarena ha solicitado informes a las partes antes de tomar una decisión definitiva. Por otro lado, la Sala de lo Penal ha trasladado la cuestión a la Fiscalía, a Vox y a las defensas de otros líderes independentistas condenados en el mismo proceso.

Por otro lado, la magistrada instructora del 'caso Tsunami Democràtic', Susana Polo, ha pedido a las partes que informen en un plazo de 10 días sobre la aplicabilidad de la norma a los hechos relacionados con Puigdemont y el diputado electo de ERC, Rubén Wagensberg.

En cuanto a los procedimientos judiciales pendientes, se recuerda que existen dos causas relacionadas con el proceso independentista catalán: la causa del 'procés', que incluye a varios líderes independentistas procesados y condenados, y el procedimiento penal por presunto terrorismo contra Puigdemont y Wagensberg en el caso de Tsunami Democràtic.

Los fiscales del 'procés' han manifestado su posición en contra de aplicar la amnistía a la malversación, aunque señalan que sí sería posible en los delitos de desobediencia y desórdenes públicos. Ante posibles discrepancias, los fiscales podrían elevar el asunto a la Junta de Fiscales en caso de no llegar a un acuerdo con el fiscal general del Estado.