Juan Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlament, ha criticado la reciente visita del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, a Sant Adrià de Besòs, a la que ha calificado como un mero intento de "hacerse una foto" tras el tiroteo ocurrido en el barrio de La Mina. Fernández considera que esta actuación no es la respuesta adecuada ante una situación tan grave.

En un contexto más amplio, Fernández ha revelado que su partido tiene la intención de plantear en el próximo pleno del Parlament la creación de una "oficina antiocupación". Esta propuesta, según el portavoz popular, se inspira en la iniciativa que impulsó el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y busca abordar lo que el PP considera un problema alarmante en Catalunya. Según él, la ocupación ilegal se está convirtiendo en un fenómeno recurrente, y ha instado a la Generalitat a actuar con urgencia para afrontar este desafío.

El representante del PP fundamenta su preocupación en datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que apuntan a que Catalunya continuará liderando las estadísticas de ocupaciones ilegales en el año venidero. Ante los medios, Fernández, acompañado por Daniel Sirera, líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, hizo hincapié en la necesidad de proteger a los propietarios y desocupar las viviendas en un plazo de 24 horas, tal como su partido ha propuesto en el Congreso de los Diputados.

Al ser consultado acerca de la reunión que Illa y Parlon mantendrán con la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, el dirigente del PP aseguró que esta no debería limitarse a una foto en el lugar del suceso. Fernández argumentó que lo que se necesita en una situación de violencia como la que se vive en La Mina es una respuesta clara y contundente por parte del Gobierno, que debería haber incluido una comparecencia pública de la consellera para detallar las medidas que se implementarán para hacer frente a esta creciente inseguridad.

Fernández subrayó que la problemática de la inseguridad en La Mina no es nueva y que la alcaldesa ha estado buscando ayuda reiteradamente durante años. En su opinión, la solución radica en aumentar la presencia policial para frenar la actividad delictiva en ese barrio específico.

Por su parte, Daniel Sirera también expresó su descontento respecto a la situación de Barcelona, señalando que la ciudad se ha convertido en un lugar donde la ocupación de edificios, incluso municipales, parece ser tolerada sin consecuencias. En este sentido, exigió al alcalde Jaume Collboni que se proceda al desalojo de los 22 inmuebles que aún son propiedad del consistorio y que están ocupados ilegalmente.

Sirera anunció que el PP llevará una iniciativa al próximo pleno del Ayuntamiento para que, en caso de que el alcalde decida no tomar acción contra las ocupaciones ilegales, sea la justicia quien intervenga. “Queremos que el Ayuntamiento marque un precedente y demuestre que en Barcelona no se puede ocupar ningún inmueble", añadió, mencionando que actualmente hay alrededor de 5,000 edificios ocupados en la ciudad, lo que representa un serio desafío para la gestión urbana y la seguridad de los ciudadanos.