La situación de las personas desalojadas del viejo instituto B9 en Badalona ha cobrado protagonismo, con la abogada Mireia Salazar demandando urgentemente a la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento local la necesidad de cumplir la ley y proporcionar un realojamiento inmediato. Salazar califica el desalojo como un "atentado a los derechos fundamentales", subrayando la gravedad de la situación.

En una rueda de prensa llevada a cabo este viernes frente al edificio, Salazar expresó su descontento tras la intervención de la Guàrdia Urbana, que desalojó a unas cincuenta personas que habían establecido un campamento en ese lugar. A pesar del desalojo, muchas de ellas han regresado, evidenciando la precariedad en la que se encuentran.

La abogada lamentó la falta de apoyo institucional, señalando que estas acciones revelan las deficiencias en los servicios sociales que han forzado a muchos a vivir en condiciones de calle, lo cual, según ella, es un claro indicativo de exclusión social en el municipio. "Esta situación es inaceptable", afirmó Salazar, poniendo de relieve la urgencia de medidas efectivas por parte de las autoridades.

Además, Salazar mencionó que el relator especial de Naciones Unidas se ha manifestado en contra del desalojo, añadiendo presión sobre el alcalde Xavier García Albiol para que respete la normativa que garantiza los derechos de estas personas. A pesar de las recomendaciones de los servicios sociales sobre la falta de alternativas, Albiol optó por continuar con el desalojo.

Ante la inminente llegada de un fin de semana lluvioso, Salazar planteó preocupaciones sobre el futuro inmediato de las personas que aún permanecen en la plaza. “Demandamos soluciones urgentes”, enfatizó. “Lo que pedimos no es valentía, sino la aplicación de la ley”, concluyó la letrada, dejando claro que la justicia social no puede esperar.