BARCELONA, 18 de diciembre.

En un avance significativo hacia el acceso a la vivienda, el Parlament de Cataluña ha dado luz verde a la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, en el marco de un nuevo proyecto de ley que introduce medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo.

Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, presentó la iniciativa legislativa en medio de un debate que incluyó enmiendas de Junts, PP y Vox. Mientras tanto, los grupos PSC-Units, ERC y Comuns colaboraron en la formulación de enmiendas conjuntas para mejorar el dictamen propuesto por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que había sido solicitado por Junts y PP.

En este contexto, el CGE ha dado su visto bueno a la constitucionalidad del proyecto relacionado con el alquiler temporal, pero ha expresado dudas sobre la extensión automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en áreas sometidas a alta demanda.

La ley contempla un conjunto de medidas destinadas a transformar el panorama del urbanismo y la vivienda. Modificará diversas leyes, incluyendo las relacionadas con el derecho a la vivienda y la planificación urbana, así como los decretos que facilitan la movilización de viviendas derivadas de ejecuciones hipotecarias, siempre en un esfuerzo por facilitar el acceso a la vivienda asequible.

Este nuevo marco normativo subraya que en los planes urbanísticos de las localidades con alta demanda habitacional, el uso principal de las viviendas debe ser como residencias permanentes. Además, se regulará el alquiler estacional, que deberá estar basado en un plan que justifique su relevancia social, considerando la ubicación y las condiciones de acceso y duración del alquiler.

Asimismo, la propuesta incluye regulación para el alquiler de habitaciones, estableciendo límites en los precios de modo que la suma de los alquileres individuales no supere el costo total del piso.

Se creará, además, un registro de grandes tenedores que estará bajo la supervisión de la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Se formará también una comisión para supervisar los contratos de arrendamiento, otorgando a los inspectores la consideración de agentes de la autoridad, con funciones claramente definidas.

Finalmente, se precisará el uso de las fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl para potenciar los recursos públicos destinados a la construcción de vivienda protegida, ampliando así el ámbito de actuación administrativo en derechos de tanteo y retracto.