En un reciente pleno del Parlament, el Govern ha logrado que se aprobara su tercer decreto de suplemento de crédito, en el que se inyectarán 468 millones de euros a las arcas de la Generalitat. Esta decisión contó con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns, mientras que Junts optó por la abstención y PP, Vox, CUP y Aliança Catalana votaron en contra.

Este suplemento se añade a otros dos que se habían convalidado anteriormente, alcanzando así un total de 3.937 millones de euros que se han sumado a los presupuestos públicos de la Generalitat para el ejercicio de 2023, el último año con cuentas renovadas.

El Govern, en su pacto con ERC, se comprometió a destinar parte de estos recursos a diversas iniciativas, incluyendo la rehabilitación de edificios, el aumento del parque de alquiler asequible, la creación de nuevas plazas en guarderías y la universalización de servicios educativos, así como medidas para promover el uso del catalán. Además, se estableció que antes de julio se debe concretar la nueva financiación para Catalunya.

Con los Comuns, se acordó también el uso de fondos para la educación, la mejora de comedores escolares y la inclusión educativa, además de inversiones en infraestructuras como el Metro de Barcelona y la red ferroviaria de Catalunya, junto con otras acciones en salud, vivienda y residencias.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, explicó que aproximadamente 80 millones se asignarán a cubrir gastos de personal, lo que incluye aumentos salariales, mientras que 386 millones se destinarán a inversiones prioritarias para distintos departamentos.

Romero afirmó que la inyección de casi 4.000 millones en total a través de estos decretos es resultado de una economía en buen estado y de la recaudación fiscal efectiva, y que los acuerdos alcanzados con ERC y Comuns reflejan los compromisos de investidura establecidos con ambas formaciones.

Admitió, sin embargo, que es frustrante tener que recurrir a prórrogas presupuestarias durante varios años, expresando su deseo de que en el futuro se puedan elaborar presupuestos que brinden una visión clara hacia adelante, aunque este año eso no ha sido posible.

El diputado de Junts, Jordi Munell, criticó al Govern por la práctica habitual de presentar decretos de suplemento de crédito en lugar de trabajar en la aprobación de presupuestos, sugiriendo que la firma de acuerdos con patronales y sindicatos para legitimar este tercer suplemento es mero teatro.

En lo que respecta a los presupuestos de 2026, el diputado de ERC, Albert Salvadó, enfatizó que es crucial cerrar el nuevo modelo de financiación para Catalunya, el cual debe basarse en principios de ordinalidad y bilateralidad. De lo contrario, advirtió que no habrá aprobación de presupuestos ni estabilidad en la gestión.

Desde la oposición, el diputado popular Hugo Manchón denunció que la administración está enviando un mensaje de estabilidad mediante la aprobación de estos suplementos, calificándolo de superficial y recordando las palabras del presidente Pedro Sánchez sobre la necesidad de aprobar cuentas o enfrentarse a elecciones anticipadas.

En otra crítica, el portavoz de Vox, Joan Garriga, expresó su descontento con el fin de estos suplementos, asegurando que su objetivo es imponer la lengua catalana y destinar recursos a iniciativas culturales y deportivas, en vez de mejorar los servicios públicos y reducir impuestos para los catalanes.

Desde los Comuns, su portavoz, David Cid, resaltó que ahora es responsabilidad del Govern utilizar correctamente estos fondos, destacando como urgentes las necesidades de vivienda, servicios públicos y transporte, y que exigirán el cumplimiento de los acuerdos tomados.

La líder de CUP, Laia Estrada, manifestó su descontento con la falta de claridad de los decretos, acusando a PSC, ERC y Comuns de transformar el Parlament en una mera gestora de decisiones tomadas en otras instancias.

Por su parte, Sílvia Orriols de Aliança Catalana criticó al Govern por utilizar de manera reiterada los suplementos de crédito, evidenciando lo que considera una gestión frágil y minoritaria del ejecutivo actual.

Finalmente, el diputado del PSC, Jordi Riba, respaldó el proceso como resultado de un diálogo constructivo con ERC y Comuns, asegurando que es fundamental mantener los servicios públicos esenciales mientras no se cumplan las condiciones para nuevas aprobaciones presupuestarias.