La Audiencia Nacional ha tomado una decisión relevante en el caso de Sandro Rosell, ex presidente del FC Barcelona, quien había solicitado una indemnización de 29,7 millones de euros por los perjuicios que considera haber sufrido durante su estancia en prisión provisional. La corte ha determinado que Rosell recibirá finalmente 232.500 euros por los 645 días que pasó tras las rejas, desde mayo de 2017 hasta febrero de 2019, debido a acusaciones de organización criminal y blanqueo de capitales, acusaciones de las que fue absuelto.

La sentencia, que fue reportada por Europa Press, indica que, aunque la cifra otorgada es notablemente menor a la solicitada por Rosell, se reconocen los daños morales y económicos que emanaron de su detención. Estos daños están relacionados con la interrupción de su actividad empresarial, los gastos legales y el coste de los viajes que sus familiares realizaron para visitarlo en prisión.

La decisión del tribunal responde en parte a una reclamación presentada por Rosell contra la negativa del Ministerio de Justicia, a la cual la Abogacía del Estado se opuso. La Audiencia ha concedido una indemnización de 50.000 euros por el daño moral, 120.000 euros por las pérdidas económicas derivadas de la ruptura de un contrato con la consultora Ernst & Young, y 62.500 euros por los gastos de desplazamiento de sus familiares para las visitas.

En su análisis, los jueces subrayan que es responsabilidad del demandante demostrar los daños sufridos durante el tiempo de prisión. A pesar de que Rosell solicitó una serie de indemnizaciones por diferentes conceptos, incluyendo lo que él consideraba un daño reputacional y afectivo, la corte aclaró que no se concederían todas las sumas reclamadas, ya que muchas se basaban en supuestos y no en gastos realmente incurridos.

Referente al daño reputacional, el tribunal consideró que las pruebas aportadas no eran suficientes para respaldar la solicitud porque no representaban gastos efectivamente realizados. A su vez, los magistrados argumentaron que los daños afectivos y psicológicos se integran en el concepto de daño moral, que debe ser evaluado de manera integral.

En la resolución se detalla que, tomando en cuenta las circunstancias personales y profesionales de Rosell, así como el impacto que tuvo su detención en su vida, se le otorgaron 50.000 euros por daño moral. Esta cantidad ya está actualizada a la fecha de la sentencia, por lo que no se generarán intereses adicionales por este concepto.

La corte también examinó el lucro cesante por la rescisión del contrato con Ernst & Young, valorando esta reclamación de manera parcial en 120.000 euros, únicamente considerando el periodo de prisión. Sin embargo, respecto a otros contratos, específicamente con la fundación Aspire Zone, rechazaron indemnizaciones, argumentando que los daños debían ser reclamados por la entidad correspondiente y no por Rosell directamente.

En lo que respecta a los gastos legales, la Audiencia Nacional determinó que estos no son indemnizables en el marco de la ley, lo que también llevó al rechazo de los gastos financieros relacionados. Sin embargo, se aceptaron los 62.950 euros solicitados por los viajes que realizaron sus familiares a la prisión, afirmando que estaban debidamente documentados.

Al finalizar, el tribunal estableció que la compensación total ascendería a 232.500 euros, incluyendo una indemnización por daño moral de 50.000 euros, 120.000 euros por las pérdidas económicas y 62.500 euros por los gastos de desplazamiento. Para las cantidades relacionadas con la rescisión contractual y los desplazamientos, se determinó que comenzarían a generar intereses legales desde la presentación de la reclamación administrativa en julio de 2020.