Defensora de derechos: "Abuso sexual a menores no es un pecado, sino un delito"

Defensora de derechos:

Giménez-Salinas propone la creación de una institución que se centre en atender a las víctimas

BARCELONA, 6 de noviembre.

Esther Giménez-Salinas, la síndica de Greuges de Catalunya, ha declarado este lunes que "el abuso sexual a menores no es un pecado, es un delito" y ha planteado la creación de una institución única que pueda proporcionar atención y respuesta a las víctimas.

Durante su comparecencia en la Comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia en el Parlament, enfatizó que "un delito es un delito. Si la víctima es un menor, aún más grave. Si se trata de abuso de autoridad porque eres un profesor, aún más grave. Y si representa a la Iglesia, aún más grave".

La síndica ha defendido la justicia restaurativa y explicó que en este tipo de delitos hay cuatro actores involucrados: la víctima, el perpetrador, la institución y la comunidad.

Giménez-Salinas también señaló que existen perpetradores que están vivos y que "deben enfrentar la realidad" y reconocer su especial responsabilidad. Asimismo, instó a las víctimas a perder el miedo a denunciar.

En cuanto a la prescripción del delito, recordó que "la prescripción no hace que el delito desaparezca, sino que se extingue la responsabilidad penal". Por lo tanto, pidió no olvidar el pasado y trabajar en la prevención.

"No debemos confiar tanto en la no prescripción. Lo que debemos buscar es que se denuncie a tiempo", afirmó Giménez-Salinas.

La síndica considera que "ha llegado el momento de crear una institución única" para atender a las víctimas, ya sea mediante la creación de un nuevo organismo o mediante la designación de una parte de uno ya existente.

Giménez-Salinas subrayó que este organismo debería ser capaz de "responder a todas las situaciones", dado el aumento de organismos, dictámenes y protocolos en los últimos años.

Aida C. Rodríguez, adjunta a la síndica para los derechos de la infancia y la adolescencia, recordó que el Síndic de Greuges inició una investigación en 2019, cuna de cuyas recomendaciones fue abrir una comisión en el Parlament, y solicitó una respuesta "unificada y clara de un órgano" para las víctimas.

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