El exvicepresidente del Parlament de Catalunya, Josep Costa, ha decidido llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras el rechazo anterior de su demanda. Esta medida busca revisar la decisión que limitó el debate sobre la autodeterminación y la monarquía en la cámara legislativa catalana, según informa Europa Press.

En su decisión de inadmisibilidad emitida en febrero, el TEDH rechazó los recursos interpuestos no solo por Costa, sino también por el secretario de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, y más de 30 diputados, en respuesta a las acusaciones de desobediencia hacia miembros independentistas del parlamento.

La corte europea sostuvo que las limitaciones impuestas por el Tribunal Constitucional (TC) que evitaron que el Parlament adoptara nuevas resoluciones en pro de la independencia eran “lícitas y previsibles”, y consideró que tampoco eran desproporcionadas.

Sin embargo, Costa argumenta que existen “errores evidentes” en esta apreciación y solicita que se reconsidere, señalando específicamente la confusión respecto a una sentencia clave del TC. Su argumento se centra en el hecho de que el TEDH erróneamente dedujo que los diputados no estaban protegidos por la inmunidad parlamentaria, apoyándose en una sentencia que, según Costa, se emitió de manera incorrecta.

El exvicepresidente también critica la referencia del TEDH a una decisión anterior sobre la presidenta de la Mesa, Carme Forcadell, sugiriendo que no gozó de inmunidad debido a un hipotético incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo. Costa reivindica que su procesamiento y arresto se produjeron antes de dicha sentencia, lo que hace inconsistente la justificación del TEDH.

Respecto a la cuestión monárquica, Costa señala que el TEDH vinculó erróneamente esta temática a los eventos del 1 de octubre, a pesar de que el mismo TC había diferenciado entre ambas cuestiones en una sentencia anterior.

Además, se hace hincapié en que la resolución en cuestión fue presentada inicialmente por un partido que no apoya las aspiraciones independentistas, lo que subraya la complejidad del asunto. En relación con el derecho a la autodeterminación, Costa critica la falta de claridad en las resoluciones del TC sobre qué marco legal se necesitaba para llevarla a cabo y sostiene que no existe un claro conflicto con la jurisprudencia del TC.

Finalmente, Costa destaca que, según el TC, cuestiones como la independencia podrían ser susceptibles de debate siempre que se llevaran a cabo mediante una enmienda constitucional. Reconoce que la potestad final sobre tal enmienda corresponde al Parlamento español, pero sostiene que es un error pensar que un parlamento regional no tenga la capacidad de promover un proceso de reforma.