La controversia en torno a la reforma judicial en Cataluña se intensifica. Este martes, alrededor de 25 manifestantes se dieron cita ante la Conselleria de Justicia, convocados por el sindicato CC.OO., para expresar su oposición a la creación de tribunales de instancia en la región. Los sindicatos consideran que este movimiento es una mera "operación cosmética" destinada a aparentar mejoras en el sistema judicial.

David Toribio Fernández, coordinador de la Agrupació Justícia de CC.OO. en Cataluña, se pronunció enérgicamente contra esa percepción optimista. En sus declaraciones, alertó que la agilidad y eficacia prometida por las autoridades no se podrá materializar sin una inversión económica sustancial detrás de estas reformas.

Toribio subrayó que la denominada creación de "oficinas macro" —que agrupan varios servicios— podría asemejarse a una línea de producción que, lejos de mejorar el servicio, podría distanciar a los ciudadanos de la justicia que merecen. En su opinión, esta estructura podría resultar deshumanizada y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía.

El sindicato ha argumentado que esta reestructuración no aborda el problema principal: la falta de recursos humanos. En lugar de aumentar el personal judicial, se está optando por una reorganización que no colma las carencias en la plantilla de los juzgados. Toribio fue claro al afirmar que, sin la creación de nuevos juzgados y el correspondiente aumento de personal, las cargas de trabajo no disminuirán, sino que, por el contrario, se incrementarán.

Además, hizo énfasis en la situación de los trabajadores interinos, recordando que en 2022 se iniciaron procesos de estabilización que aún están pendientes. Esto afecta a aproximadamente 4.000 de las 8.000 personas interinas en Cataluña, lo que evidencia otra de las deficiencias del sistema judicial actual.

La transformación de 33 partidos judiciales que ahora pasarán a ser tribunales de instancia marca un hito en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, que comenzó a aplicarse el 1 de julio. Sin embargo, muchos críticos sostienen que este cambio estructural —que busca modernizar la justicia y hacerla más accesible— carece de los recursos necesarios para ser efectivamente implementado.