El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se presentó este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 3 para responder a una investigación relacionada con un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Esta indagación surge tras una denuncia interpuesta por los grupos Comuns y Guanyem, quienes cuestionaron la atención que recibió un hombre sin hogar antes de su fallecimiento.

Los acontecimientos que motivan esta investigación se desarrollaron durante el Pleno Municipal del 1 de julio de 2024, donde se ventiló la situación de un hombre que contaba con el apoyo de vecinos de Badalona y que, lamentablemente, se encontraba en un estado de salud muy deteriorado. Tras ser llevado al Hospital Municipal, inicialmente recibió el alta, pero no pudo soportar su debilidad y finalmente falleció.

Según el relato de los Comuns, el hombre continuó esperando en la sala del hospital hasta que se determinó que precisaba ser ingresado nuevamente. En este contexto, Albiol hizo uso del historial médico del fallecido durante la sesión del pleno, lo que desató un debate entre los presentes. En respuesta a un concejal de ERC y a la líder de Guanyem, Dolors Sabater, Albiol afirmó que no había vulnerado la privacidad del fallecido, instando incluso a los presentes a presentar una denuncia si consideraban que sus acciones eran inapropiadas.

Ante esta situación, Comuns y Guanyem elevaron su queja a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat), señalando que la actuación del alcalde podría haber comprometido la intimidad del difunto. En su defensa, Albiol explicó ante el juez que su intención era proteger la labor de los servicios municipales frente a las acusaciones de desatención. Aseguró que, en todo momento, se refirió al fallecido de forma genérica, evitando revelar su identidad o detalles personales durante la sesión.

El alcalde ha reiterado que cualquier conocimiento sobre la identidad del difunto fue posterior a su intervención en el pleno y no fruto de su exposición, lo que plantea cuestiones sobre la responsabilidad pública en el manejo de información sensible y la necesidad de proteger los derechos de los más vulnerables.