Barcelona, 23 de diciembre. En el contexto de la crisis habitacional que azota a muchas ciudades, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha manifestado su firme rechazo al reciente acuerdo que busca reubicar a algunas de las personas desalojadas del antiguo instituto B9 en Badalona. Según el sindicato, este acuerdo facilita al alcalde Xavier Garcia Albiol la "expulsión" de estas familias de la ciudad, lo que plantea serias interrogantes sobre la justicia social en la región.

En un comunicado oficial, los representantes del sindicato han señalado que, aunque la medida puede ofrecer un alivio temporal ante una situación de emergencia, no se puede considerar un triunfo real. Critican la ausencia de soluciones residenciales sostenibles y efectivas, que son imprescindibles para abordar de forma integral la crisis de vivienda que enfrenta Badalona.

Emma Puig, portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista, ha destacado en el mismo comunicado que existen más de 7.000 viviendas desocupadas en Badalona, capaces de albergar a prácticamente 19 veces el número de personas que vivían en el B9. Además, recordó que hay miles de inmuebles en la ciudad que están destinados al turismo, lo que subraya la desconexión entre la oferta de vivienda existente y las necesidades urgentes de la población.

El sindicato enfatiza que el desafío del B9 no se puede enmarcar solo en términos de atención humanitaria, sino que es un asunto político que necesita ser abordado con seriedad. Señalan que la crisis de la vivienda se articula en un contexto donde los conflictos entre diferentes grupos sociales son explotados políticamente para mantener el statu quo, en lugar de buscar soluciones justas y equitativas.

Asimismo, han lamentado el "resurgimiento de posturas reaccionarias" y han responsabilizado al Govern de Salvador Illa, acusándolo de complicidad con el Partido Popular de Albiol por permitir el desalojo de las 400 personas del B9 mediante el uso de la BRIMO de los Mossos sin ofrecer alternativas habitacionales adecuadas. Esta situación refleja una falta de voluntad política para resolver la crisis de vivienda de manera efectiva y humana.