La regularización extraordinaria de migrantes en España apunta a beneficiar a alrededor de 100.000 personas en Catalunya, según ha comunicado el delegado del Gobierno en la región, Carlos Prieto. Este proceso no solo busca garantizar derechos fundamentales para quienes residen en el país, sino también fortalecer el Estado de bienestar. Prieto enfatizó: "Los únicos que se ven perjudicados son los explotadores laborales; para el resto de la sociedad, es una ganancia".

Durante una rueda de prensa celebrada en L'Hospitalet de Llobregat, el delegado recordó que esta será la séptima ocasión en que se implementa una regularización extraordinaria en España, destacando que ya se llevaron a cabo dos bajo el mandato del expresidente José María Aznar, las cuales beneficiaron a más de 500.000 personas.

Prieto expresó su sorpresa ante la postura reciente del Partido Popular, subrayando que este tipo de procedimiento no es nada inusual en el contexto español. Aseguró que el número exacto de personas que podrán beneficiarse de esta regularización en Catalunya será precisado próximamente por la Secretaría de Estado de Migraciones y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A pesar de las voces críticas que cuestionan el proceso, Prieto argumentó que el miedo que se intenta propagar es infundado y considera que se está utilizando políticamente un tema relacionado con los derechos humanos y sociales de personas que ya forman parte de la comunidad. "Esto es esencial para la revitalización de nuestra economía", afirmó.

El delegado también hizo hincapié en que los migrantes representan aproximadamente el 15% de los afiliados a la Seguridad Social en España. Durante sus conversaciones con diversos sectores económicos, ha quedado claro que existe una demanda de mano de obra que es crucial para el crecimiento sostenido del país.

Aludiendo al informe del Banco Central Europeo sobre la economía española, Prieto destacó que el impulso económico del país no podría entenderse sin la contribución de los migrantes que han llegado en busca de oportunidades laborales y que esta regularización permitirá a muchos de ellos pasar de la informalidad laboral a la economía formal.

Finalmente, detalló que quienes deseen acogerse a esta regularización necesitarán demostrar que se encontraban en suelo español antes del 31 de diciembre de 2025. Prieto también rechazó la idea de que esto genere un "efecto llamada", argumentando que el marco temporal establecido es claro y restrictivo.