En Barcelona, el 29 de enero, se han dado pasos significativos hacia una mayor equidad en el acceso a la justicia gratuita para los trabajadores autónomos. La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática ha decidido acoger las recomendaciones emitidas por la Sindicatura de Greuges, lo que implica una revisión de los requisitos documentales que se exigen actualmente a este colectivo.

La intervención de la Sindicatura fue motivada por un número considerable de quejas provenientes de autónomos que enfrentaron la negativa a su solicitud de acceso a la justicia gratuita. El motivo de estas denegaciones estaba relacionado con la incapacidad de presentar las tres últimas declaraciones trimestrales del IRPF, un requisito que, según la normativa fiscal, no debería ser obligatorio.

Este organismo defensor de los derechos ciudadanos consideró que exigir dicho requisito representaba una vulneración del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, creando barreras que limitaban la igualdad en el acceso a la justicia. A raíz de estas observaciones, la Conselleria ha acordado modificar las solicitudes de documentación requeridas, permitiendo en su lugar el uso de un informe actualizado de las bases de cotización a la Seguridad Social, facilitando así el proceso para los trabajadores autónomos.