En un llamado contundente a la responsabilidad y la actualización de la normativa urbanística, una coalición de alrededor de quince entidades ecologistas y comunitarias, predominantemente del área metropolitana de Barcelona, ha instado a la Generalitat a establecer moratorias "inmediatas" sobre veinte proyectos urbanísticos ubicados en zonas propensas a inundaciones.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Maria Garcia, realizó esta declaración el pasado martes durante una rueda de prensa llevada a cabo en la playa de Sant Adrià de Besòs, un área vulnerable donde se contempla un plan director urbanístico (PDU) que pretende erigir más de 1.700 viviendas, a pocos metros del antiguo complejo industrial de las Tres Xemeneies.

Las organizaciones denunciantes exigen una revisión exhaustiva y una actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación, además de los mapas de peligrosidad y riesgo de Catalunya. También solicitan que se reconsidere toda la planificación urbanística relacionada con la inundabilidad, resaltando la necesidad de adaptarse a un contexto climático cambiante.

A su juicio, las administraciones están autorizando proyectos urbanos en áreas que no deberían ser desarrolladas, ya sea debido al desbordamiento de ríos o al avance del mar, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la comunidad.

Hasta la fecha, se han solicitado moratorias para proyectos como el de las Tres Xemeneies en Sant Adrià, el Biopol Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat y el plan de urbanización de la Bonaigua en Sant Just Desvern (Barcelona). Además, han anunciado que se presentarán siete requerimientos adicionales en las próximas semanas para frenar este desarrollo urbano irresponsable.

El objetivo primordial de estas moratorias es ejercer presión sobre las instituciones y los diferentes responsables políticos que tienen competencias en el ámbito urbanístico, obligándolos a asumir la responsabilidad de sus decisiones y a prevenir "los potenciales daños irreparables que podrían sufrir las personas"."

Garcia también enfatizó que, en caso de que no se respondan o se desestimen los requerimientos, y si se produce algún daño a personas a causa de inundaciones en estas áreas, se buscará hacer responsables a los implicados en los ámbitos administrativo, civil o penal.

Al ser consultada sobre una posible reunión con la Conselleria de Territorio de la Generalitat y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para discutir estos temas, Garcia confirmó que una reunión está en agenda, aunque aún no se ha fijado una fecha específica.

Por su parte, el portavoz Josep Hurtado destacó la urgencia de priorizar la lucha contra las inundaciones en el contexto actual de cambio climático, recordando que en muchas ocasiones los ayuntamientos "pasan la pelota" a la Generalitat, aun siendo corresponsables de los proyectos urbanísticos que se desarrollan en sus territorios.

Las cifras presentadas por las entidades son alarmantes: un 15% del territorio urbanizado en Catalunya se encuentra en riesgo de inundación, afectando a más de 325.000 personas, lo que representa un 6,6% de la población total de Catalunya. Esto incluye 26 industrias con peligro radiactivo en zonas inundables, 53 con alto riesgo industrial, así como 46 hospitales, 48 geriátricos y 71 campings, lo que subraya la crítica de Ballestero, portavoz de la plataforma 'Entesa per a un gran parc litoral al Besòs', quien afirmó que "las medidas de gestión del riesgo de inundación son insuficientes".