BARCELONA, 26 de octubre. En un análisis profundo sobre el creciente costo de los alimentos, Rubén Martínez, director del área de Ecología y Urbanismo del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), ha señalado que la actual crisis de precios no se debe únicamente a conflictos geopolíticos y al aumento de las tarifas energéticas, sino que el verdadero culpable es el oligopolio alimentario que controla el mercado.

En una entrevista con Europa Press, Martínez compartió sus hallazgos del informe titulado '¿Por qué sube el precio de la cesta de la compra?', el cual pone de relieve cómo la inflación ha golpeado particularmente a los productos más asequibles, alimentada por la especulación y los crecientes márgenes de beneficios de las empresas en tiempos de crisis.

Martínez sostiene que la raíz del incremento en los precios de los alimentos es la agroindustria, que se presenta como un oligopolio, y en algunos casos, como un monopolio. “Este poder concentrado en pocas manos les permite manipular los precios, incluso en momentos críticos”, asegura. En el contexto español, menciona que seis conglomerados dominan más de 100 marcas claves, generando 1.281 millones de euros en beneficios en 2024.

Los datos del Banco Central Europeo son alarmantes: desde 2019 hasta 2024, los precios de los alimentos en la zona euro han aumentado un 33%, y en España, esta cifra llega al 34%. Algunos productos como la carne, la leche o la mantequilla han visto incrementos de hasta el 50%, mientras que café, aceite de oliva y cacao han superado el 80% de aumento.

En este contexto, el Salario de Referencia para el Área Metropolitana de Barcelona revela que la vivienda sigue siendo el gasto más significativo en los hogares, representando un 34% del presupuesto, seguido de los alimentos y bebidas, que ocupan el 23%. Esto lleva a Martínez a establecer una conexión entre estos sectores: “Ambos son bienes esenciales que se utilizan para especular y que no gozan de la regulación necesaria, contrariamente a lo que ocurre en áreas como la sanidad o la educación”.

Frente a esta creciente desigualdad, el informe propone un conjunto de medidas para mitigar el impacto de esta situación, que afecta desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, como las familias monoparentales, las personas mayores y los trabajadores con empleos precarios.

Las propuestas están orientadas hacia dos áreas clave: la regulación del mercado agroalimentario y la intervención pública para asegurar el suministro de alimentos. “Actualmente, la administración no realiza un seguimiento de las fluctuaciones de precios ni establece límites temporales en los precios, algo que debería ser parte del marco legal europeo”, subraya Martínez, quien reclama la necesidad de una respuesta estatal y comunitaria para contrarrestar la especulación alimentaria.

Un modelo inspirador es el de Francia, donde se ha implementado una cesta antiinflacionaria que promueve el consumo local mediante políticas que favorecen la producción interna. “Lo que se produce en Francia, se consume en Francia”, ejemplifica Martínez.

Más allá del control de precios, el experto destaca la importancia de infraestructuras como Mercabarna, un centro de distribución agrícola que representa el 60% de la producción de Cataluña y está gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona. “Es vital crear más espacios como Mercabarna a nivel local para fomentar conexiones directas entre producción y consumo, garantizando así acceso a productos locales y ecológicos para todos”, concluye.