En el análisis más reciente sobre la situación financiera de Catalunya, la Sindicatura de Comptes ha revelado que la infrafinanciación que enfrenta la comunidad se sitúa entre 33.570,61 millones de euros y representa una proporción significativa de su deuda total, estimada entre un 27% y un 39,7% en el año 2022. Este informe, publicado el 29 de enero, plantea una seria reflexión sobre cómo se han gestionado los recursos y las prioridades del Estado en relación a Catalunya desde el año 2002.

El cálculo de estos 33.570,61 millones se fundamenta en las necesidades de financiación acordadas por habitante en el año 2009. Esta cifra se presenta de acuerdo con las condiciones que se pactaron en el sistema de financiación autonómica, mientras que si se toma como referencia el sistema anterior de 2002, la cifra de infrafinanciación se reduce a 32.692,07 millones de euros. Esta disparidad refleja una descompensación que afecta directamente a la sostenibilidad financiera de la comunidad.

Los datos son todavía más preocupantes cuando se comparan con la media de financiación que reciben las comunidades autónomas de régimen común. Si la financiación por habitante ajustado de Catalunya hubiera estado al nivel de esa media, se habría logrado recuperar un impacto positivo de 6.273,4 millones de euros. Esto resalta las dificultades que enfrenta Catalunya para equipararse a otras regiones en términos de recursos económicos.

Además, la Sindicatura considera que si todas las comunidades autónomas hubiesen llevado a cabo un incremento impositivo similar para compensar la caída de ingresos tras la crisis de 2008, la infrafinanciación total ascendería a 22.810,04 millones. Estos cálculos no solo subrayan la problemática fiscal que padece Catalunya, sino que también evidencian una necesidad urgente de revisión y reajuste del sistema de financiación autonómica.

El informe destaca cómo el Estado ha favorecido a algunas comunidades al transferirles servicios y recursos valorados de manera más alta, lo que ha resultado en un claro desbalance para aquellas que habían recibido esos traspasos con anterioridad, como Catalunya. Esto no solo pone en entredicho el principio de ordinalidad, que establece que no se debe alterar el orden basado en la capacidad tributaria de cada región, sino que también plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos públicos.

Frente a este contexto, la Sindicatura ha recomendado iniciar una negociación con el Gobierno central para revisar el endeudamiento, sugiriendo que se considere esta revisión de forma total o parcial, dependiendo del escenario que se utilice para la evaluación. Este llamado a la acción indica una clara necesidad de dialogar y ajustar las políticas de financiación para asegurar un futuro más equitativo para Catalunya.

En el mismo informe, la Sindicatura también presentó otros tres documentos que abordan temas relevantes como el ahorro y la eficiencia energética en entidades locales durante 2022, el proceso de consolidación de cuentas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la evaluación del Pla Serra Húnter entre 2016 y 2022.

Con respecto al ahorro y la eficiencia energética, el informe señala que un alarmante 34,3% de las entidades locales con más de 20.000 habitantes carecen de una planificación general en este ámbito, lo que pone de manifiesto las carencias en la gestión de recursos en un momento de crisis climática.

En relación a la AMB, los ajustes financieros identificados han llevado a una caída en el resultado del grupo de 326,17 millones de euros y a una reducción del patrimonio neto de 324,55 millones, lo que indica que la gestión del área metropolitana necesita urgentemente mejoras y optimización.

Finalmente, en cuanto al Pla Serra Húnter, la Sindicatura ha enfatizado la necesidad de establecer un sistema de seguimiento que permita evaluar y comparar eficazmente los resultados alcanzados por los docentes, proponiendo así un enfoque más riguroso y transparente en la gestión del talento educativo. Esta es otra muestra del compromiso con la mejora continua y la adecuada utilización de recursos en beneficio de la ciudadanía.