24h Cataluña.

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La Generalitat implementa los últimos 14 distritos judiciales.

La Generalitat implementa los últimos 14 distritos judiciales.

La Generalitat de Catalunya está realizando un importante avance en su sistema judicial al poner en funcionamiento, a partir de este miércoles, los últimos 14 partidos judiciales que completan un total de 49 en la región. Esta información ha sido divulgada en un comunicado oficial emitido por el Departament de Justícia.

Calificada como la reforma más significativa del sistema judicial en cuatro décadas, esta transformación se ha llevado a cabo en tres etapas. La primera fase, que comenzó el 1 de julio, introdujo 33 nuevos partidos judiciales; la segunda fase añadió a los de l'Hospitalet de Llobregat y Badalona el 1 de octubre; y ahora, por fin, se culmina con la incorporación de los restantes.

Los nuevos partidos judiciales que se activan incluyen localidades como Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Granollers, Tortosa, Lleida, Tarragona, Girona y Barcelona.

Esta última fase del despliegue tiene un impacto directo en 5.430 funcionarios y ha resultado en la creación de 150 nuevas plazas, con una inversión estimada en alrededor de 6,5 millones de euros.

Se estima que esta fase representa el 71,8% de la actividad judicial en Catalunya, lo que significa que la mayor parte del volumen de trabajo en el sistema de justicia del país se implementará este 31 de diciembre.

Este proceso es parte de la Ley orgánica 1/2025, que busca mejorar la eficiencia del servicio público de justicia en la comunidad autónoma.

El conseller Ramón Espadaler ha subrayado el compromiso de Catalunya de cumplir con lo establecido en la Ley, enfatizando que se ha logrado mediante un proceso consensuado en colaboración con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), así como con los decanos de los partidos judiciales y los letrados.

Además, el Departament ha destacado el "amplio consenso sindical" que ha respaldado la aprobación de las nuevas relaciones laborales y los procesos de integración, con más del 80% de apoyo de los representantes de los trabajadores.