El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, enfatizó la importancia de convertir la Jefatura de Via Laietana en un espacio de memoria colectiva, recordando que este lugar fue escenario de torturas durante la dictadura franquista. Esta declaración se produjo en el contexto de la sesión de control al Govern en el Parlament, donde se sometió a escrutinio la gestión educativa del Govern tras unos desaciertos en la adjudicación de plazas docentes.

Durante el debate, Illa se defendió de las críticas lanzadas por los grupos opositores, asegurando que su administración había respondido de manera ágil y firme. Según sus palabras, se logró rectificar la situación en cuestión de días y se adjudicaron más plazas docentes que en el año previo, reafirmando su compromiso de tomar medidas severas contra quienes no siguieron las normativas establecidas.

Los líderes de Junts, ERC y los Comuns interpelaron a Illa, pidiendo responsabilidades y cuestionando la atribución de culpas. Illa, por su parte, insistió en que el Govern había asumido todos los errores y que incluso si hay responsables externos, también lidiará con ello. Destacó que la decisión de cesar al encargado del procedimiento fue necesaria para mantener la integridad del sistema educativo.

Sin embargo, la discusión se tornó especialmente tensa cuando Alejando Fernández, líder del PP en Catalunya, cuestionó la decisión del Gobierno de designar la Jefatura de Via Laietana como Lugar de Memoria Democrática, acusando a Illa de trivializar el legado de la represión franquista. Illa defendió la medida, afirmando que es vital recordar los horrores de la historia para honrar a las víctimas y reconocer la evolución de la Policía hacia un modelo democrático.

El mandatario rechazó las insinuaciones de Fernández, defendiendo la necesidad de recordar los episodios oscuros de la represión. "La Policía de hoy no es la de ayer", argumentó, y recalcó que reconocer estos hechos es parte del proceso de reconciliación y no debe ser visto como un ataque a las instituciones actuales.

En otro momento del debate, el diputado de la CUP, Dani Cornellà, abordó la visita de los Reyes a Barcelona, poniendo en evidencia el descontento popular hacia la monarquía. Illa mantuvo una postura institucional, pidiendo respeto tanto a los detractores como a los defensores de la Corona, y reafirmó su compromiso con el derecho a la protesta.

Las tensiones se intensificaron cuando Ignacio Garriga, de Vox, planteó preocupaciones sobre un supuesto aumento de la criminalidad en Catalunya. Illa respondió con datos que mostraban una disminución en los delitos y reprochó a Garriga por alimentar divisiones en la sociedad, advirtiendo que las acciones de su partido no aportan a la convivencia.

Finalmente, en respuesta a Sílvia Orriols de Aliança Catalana, quien defendió la prohibición del burkini en piscinas municipales, Illa afirmó que su enfoque debería centrarse en la promoción de los derechos humanos, acusándola de promover un discurso de odio que no representa los valores que deberían subsistir en Catalunya.