La Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado penas severas para el exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, quien se enfrenta a un posible encarcelamiento de cuatro años, 16 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros. Este caso se centra en la supuesta negligencia del exedil en la gestión de expedientes sancionadores relacionados con infracciones urbanísticas durante su mandato en el área de Urbanismo, entre 2018 y 2020.

Durante su declaración en el juicio, Guijarro sostuvo que nunca dio instrucciones sobre la iniciación de sanciones y que su papel se limitaba a firmar expedientes que ya estaban completados por los técnicos del área. Junto a él, otros dos funcionarios del Ayuntamiento de Badalona también están siendo juzgados por este mismo caso, todos acusados de incumplir con sus responsabilidades en relación con edificaciones en terrenos protegidos de la Serralada de Marina.

La Fiscalía argumenta que estos funcionarios fallaron en su deber al no tomar medidas contra los responsables de construcciones ilegales en terrenos catalogados como no urbanizables, a pesar de tener acceso a informes que señalaban las infracciones. Según la acusación, el retraso en la acción sancionadora estuvo motivado por intentos de legalizar obras que eran evidentemente ilegales.

Guijarro defendió su gestión afirmando que cumplía con los procedimientos establecidos y que no tenía conocimiento de ningún problema relacionado con las obras en cuestión. Más aún, reiteró que nunca recibió información sobre la situación de los ocupantes de las propiedades, argumentando que como político no debía involucrarse en cuestiones técnicas o jurídicas.

El exalcalde también hizo hincapié en que su enfoque siempre fue el bienestar de la ciudad y en priorizar los proyectos de su programa electoral, sin involucrarse en la labor técnica del departamento que lideraba. Además, afirmó no conocer personalmente a los otros acusados ni a los ocupantes de los terrenos, dado el gran número de funcionarios en el departamento.

En la misma línea, el jefe de Servicio de Disciplina Urbanística defendió que la gestión de estas infracciones se hizo siguiendo los protocolos y que fue su decisión abrir un procedimiento de restauración de la legalidad antes de considerar sanciones. Aseguró que siempre se trató de proteger los intereses del municipio y de actuar conforme a la normativa vigente.

Desde el departamento también se propusieron explicaciones sobre por qué algunos expedientes se dirigieron solo a los propietarios y no a los ocupantes. Se argumentó que, aunque la ley permite la sanción a ambos, la naturaleza de las construcciones en cuestión no justificaba la apertura de sanciones a todos los involucrados.

Ante la declaración de un perito, se ratificó que los procedimientos de restauración y de sanción pueden llevarse a cabo independientemente, lo que refuerza la defensa de los acusados, que argumentan que actuaron conforme a la ley y que no existe mala fe en sus decisiones. La abogada defensora, Olga Tubau, ha solicitado la absolución de los implicados, afirmando que sus acciones estaban motivadas por la transparencia y el deber de informar a la Fiscalía, y no por intenciones maliciosas.