En un contundente pronunciamiento desde Barcelona, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que llevará a cabo "todas las acciones legales" necesarias para acceder a los datos de cribado de cáncer de mama de las distintas comunidades autónomas, con el fin de poner esta información al servicio de la ciudadanía.

Durante su intervención ante los medios, García enfatizó que la información no pertenece a dirigentes como Moreno Bonilla, Ayuso o Mañueco, sino que es un recurso que pertenece a todos los ciudadanos. Su comentario surge en respuesta a la falta de claridad en los datos proporcionados por algunos gobiernos regionales, acusando a estos líderes de querer ocultar información vital para la salud pública.

La ministra sostuvo que, incluso si las comunidades gobernadas por el PP no colaboran de manera voluntaria, están obligadas por ley a entregar la información requerida. "Si el Partido Popular es renuente a facilitar estos datos, es porque tienen algo que esconder", concluyó, subrayando que otras comunidades no tienen inconvenientes en compartir la información necesaria.

En su discurso, García también criticó al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien acusó de representar "la indignidad política", en complicidad con Alberto Núñez Feijóo y Vox. Señaló que Mazón no solo ha evitado reconocer errores de gestión, sino que ha fallado en empatizar con las víctimas de situaciones recientes, lo que considera una nueva humillación a quienes han sufrido.

Comparando la actitud de Mazón con la de la presidenta madrileña Ayuso, la ministra afirmó que ambas comparten una tendencia a victimizarse y desestimar el dolor ajeno, lo que considera insensible en el contexto de las víctimas que han expresado su sufrimiento como consecuencia de la reciente crisis.

Al ser cuestionada sobre una posible moción de censura en las Cortes Valencianas, García declaró que respeta las decisiones de los grupos parlamentarios y confía en que se actúe en consecuencia con el bienestar de la comunidad.

En relación a declaraciones emitidas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la ministra reiteró su apoyo a su inocencia y subrayó que el gobierno ha mantenido esta postura desde el inicio. Además, se refirió a evidencias de periodistas que habían tenido acceso a la información mucho antes que el propio fiscal general, sugiriendo que hay un intento de desviar la atención hacia el fiscal en un contexto de supuesta corrupción que involucra a Ayuso.

Respecto a la huelga de Técnicos Superiores Sanitarios convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Sietess), García indicó que su ministerio está dispuesto a atender algunas de las demandas de los profesionales, especialmente en cuanto a la mejora de la formación a través de un grado superior.

La ministra expresó su compromiso de apoyar las iniciativas dirigidas a consolidar avances en el campo de la sanidad y reconoció que algunas medidas requieren de la colaboración más allá de su ministerio, aunque considera que son justas y realizables.

Finalmente, la Consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, reveló que la ministra ha visitado Barcelona con un interés particular en ciertos proyectos de investigación local y en las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para la transcripción de voz en atención primaria, específicamente en los nuevos Centros de Salud Integrales de Referencia (Csir).

García reflexionó sobre la deteriorada relación entre médicos y pacientes, consecuencia de la digitalización, aunque vislumbró en la inteligencia artificial una posible solución para restablecer esa conexión esencial en la atención sanitaria.