Un informe reciente del Centre Delàs d'Estudis per la Pau revela que el gobierno español ha otorgado un total de 1.044 millones de euros en contratos con empresas armamentistas israelíes desde octubre del año pasado. Esta información destaca un preocupante conjunto de 46 contratos, los cuales fueron formalizados entre el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó múltiples ataques, y el 24 de abril de 2025.

El estudio, dado a conocer este viernes, revela que existen también 10 contratos adicionales aún no formalizados, lo que sugiere un continuo flujo de inversiones en el sector militar israelí. Estos contratos incluyen adquisiciones significativas, como los lanzacohetes SILAM valorados en 576,4 millones de euros y los misiles Spike por un total de 237,5 millones de euros, involucrando a empresas como IMI Systems LTD y Netline Communications Technologies (NCT) Ltd.

El Centre Delàs subraya la necesidad de abordar esta situación desde una perspectiva que contemple las implicaciones políticas, humanitarias y éticas, especialmente considerando que más de 50,000 civiles han sido víctimas directas de las acciones militares israelíes desde octubre de 2023. La organización critica que el análisis económico de los contratos se priorice sobre la crisis humanitaria que enfrentan los palestinos.

Este informe se publica en un contexto en el que el Gobierno español decidió rescindir de manera unilateral un contrato del Ministerio del Interior para adquirir munición a una firma israelí, resultado de un diálogo interno entre el PSOE y Sumar. Sin embargo, el Centre Delàs acusa al Ejecutivo de no haber cesado sus vínculos con la industria militar israelí, a pesar de sus reiteradas declaraciones en las que aseguraban que esto no estaba sucediendo.

Los investigadores instan al Gobierno a dar un paso más y cancelar todos los contratos, tanto los formalizados como los que están en proceso, que perpetúan el conflicto y apoyan las acciones militares contra la población civil en Gaza y Cisjordania. Sostienen que numerosos contratos no solo se refieren a nuevos suministros, sino también a servicios de mantenimiento y actualización de armamento previamente adquirido, aumentando potencialmente la dependencia hacia la industria militar israelí.

Por último, el Centre Delàs argumenta que un embargo total de armas a Israel podría haber evitado la concesión de estos contratos. Apelan a la voluntad política del Gobierno, sugiriendo que este podría implementar fácilmente un embargo a través de un decreto ley en su próxima reunión de gabinete.