El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado su postura de no aplicar la amnistía al delito de malversación cometido por Oriol Junqueras y otros ex consejeros en el marco del proceso independentista catalán, al argumentar que hubo un beneficio personal de carácter patrimonial en juego. De esta manera, rechaza los recursos presentados por los condenados, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, quienes pedían que se incluyera la desobediencia en la amnistía.

Para la Sala de lo Penal, es fundamental que los jueces no sean simplemente ejecutores de la ley, sino que interpreten su alcance de forma rigurosa y precisa. Argumentan que la amnistía no puede ser aplicada de forma indiscriminada, sino que debe respetar los límites establecidos por el legislador para garantizar una justicia fundamentada en la legalidad.

En este sentido, se destaca que la ley de amnistía prevé exclusiones claras, como el delito de malversación con ánimo de enriquecimiento personal, en línea con los intereses financieros de la Unión Europea. Los magistrados reiteran que el enriquecimiento patrimonial no se refiere solo a hacerse rico, sino a cualquier modificación en el patrimonio que afecte negativamente a terceros o a la legalidad vigente.

Por otro lado, la magistrada Ana Ferrer ha expresado su desacuerdo con la mayoría de la Sala, señalando que la ley de amnistía debía aplicarse teniendo en cuenta la voluntad del legislador que buscaba validar los gastos públicos relacionados con el proceso independentista catalán. A su juicio, no se cumplen los requisitos para excluir la malversación de la amnistía.

En conclusión, el TS reafirma su posición de interpretar la ley de amnistía de manera restrictiva, evitando que se vulneren los principios fundamentales del Estado de Derecho y los compromisos internacionales de España. Esto evidencia la importancia de una justicia independiente y comprometida con el respeto a la legalidad vigente.