El Parlament de Catalunya ha dado un paso significativo este jueves al aprobar una moción que urge al Govern a intensificar las negociaciones con el Gobierno español para asegurar el traspaso inmediato de competencias en materia de inmigración. Esta decisión subraya la creciente demanda de autogobierno en la gestión de asuntos migratorios en la región.

La moción, de un solo punto, fue presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y recibió enmiendas del PSC-Units. Fue respaldada por una coalición amplia que incluye a Junts, Comuns, CUP y Aliança Catalana, a excepción de los partidos de la oposición como PP y Vox, que votaron en contra.

El texto de la moción exige que el traspaso de competencias contemple aspectos claves como los permisos de residencia y trabajo, así como la política de acogida, todo ello según lo previamente negociado y acordado, junto con los recursos económicos pertinentes.

Este traspaso es parte del acuerdo que se había alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura del presidente Pedro Sánchez, un acuerdo que se vino abajo en el Congreso debido al voto en contra de PP, Vox y Podemos.

Durante el debate, el deputado de ERC, Jordi Viñas, enfatizó que Catalunya no puede seguir a la espera de soluciones desde Madrid para una realidad que requiere un enfoque más local y cercano. También hizo hincapié en la importancia de evitar discursos que estigmaticen a los migrantes.

Desde el PSC, la diputada Ivana Martínez instó a que el aumento del autogobierno tenga un propósito claro: mejorar la gestión y no se confunda con un traspaso de soberanía, sino que debe entenderse como una colaboración dentro del marco constitucional que busque la eficiencia en la gestión de estas competencias.

En una nota crítica, la diputada de Junts, Ennatu Domingo, cuestionó la coherencia de ERC al presentar una moción sobre el tema, dado que su partido ha sido acusado de racismo por buscar lo mismo. Además, instó al PSC a cumplir con sus responsabilidades en Madrid.

Por su parte, el PP descartó que la Generalitat pudiera gestionar mejor la inmigración, argumentando que los gobiernos catalanes previos no han podido garantizar un cuidado adecuado a los menores tutelados. Su diputada, Míriam Casanova, criticó la propuesta y afirmó que en el PP no están dispuestos a blanquear el proceso separatista.

María Elisa García Fuster de Vox también se opuso a la moción, planteando que una buena gestión de la migración no debe incluir a partidos como PSC y ERC en la toma de decisiones, especialmente en relación con un traspaso exclusivo de competencias.

El diputado de Comuns, Andrés García Berrio, apoyó la necesidad de herramientas robustas para defender derechos y combatir la exclusión, aunque criticó el enfoque de otros partidos que se centra en el alarmismo sobre la migración.

La líder de la CUP, Pilar Castillejo, abogó por un traspaso total de competencias y subrayó que estas deben garantizar derechos y promover el catalán como lengua de cohesión, al tiempo que propuso el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de inmigrantes.

Finalmente, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, afirmó que su partido también está a favor del traspaso de competencias, pero lo justificó por la necesidad de ejercer un control propio sobre la migración y gestionar de manera efectiva el flujo migratorio que enfrenta Catalunya.