En una votación crucial, el Parlament de Catalunya ha desestimado la propuesta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para establecer un ambicioso "acuerdo de país" que buscaría generar nuevas oportunidades urbanísticas y facilitar la construcción de alrededor de 210.000 viviendas en la región, con un 40%-50% destinadas a protección oficial.

Durante la primera jornada del Debate de Política General, Illa presentó este plan que fue acogido en una iniciativa por el grupo PSC-Units, pero que fue finalmente rechazado con el voto en contra de Junts, PP, Vox y la CUP, mientras que ERC, Comuns y Aliança Catalana se abstuvieron.

La propuesta instaba al Govern a activar de manera urgente todos los proyectos necesarios para incrementar la oferta de vivienda asequible, además de movilizar los recursos disponibles para habilitar suelos para construcción de vivienda protegida.

A pesar del revés, el Parlament sí aprobó otras iniciativas socialistas que apoyan la construcción de 50.000 viviendas de protección oficial para el año 2030, además de políticas de rehabilitación de inmuebles, que tienen el respaldo de sus aliados en el Govern, ERC y Comuns.

Asimismo, se dieron luz verde a las propuestas de los Comuns, que abogan por establecer una unidad de prevención y actuación ante los desahucios, y se demandó a la Generalitat actuar "de manera proactiva y urgente" en la aplicación de la normativa que regula los precios de alquiler.

En otro ámbito, se aprobó una propuesta de Junts que exige el “traspaso inmediato” de inmuebles de la Sareb a la Generalitat, un tema que Illa ya había discutido con el Gobierno en días anteriores.

Pese a ello, se descartaron múltiples propuestas, incluyendo una de los Comuns que pedía cambios legislativos para impedir la compra especulativa de viviendas y otra de la CUP que planteaba la creación de una constructora pública. Igualmente, se rechazaron iniciativas del PP que buscaban eliminar zonas de mercado tensionado y crear una ley contra los okupas.

Por otro lado, quedó desestimada la propuesta de Junts que solicitaba establecer un requisito de diez años de padrón para acceder a vivienda protegida. En contraposición, se aprobaron iniciativas que buscan asegurar la facilidad de acceso al padrón ante diversas dificultades administrativas presentes en muchos municipios, impulsadas por la CUP y los Comuns.

En el ámbito de infraestructuras, se respaldó una propuesta del PSC para acelerar la constitución de la empresa que gestionará el traspaso de Rodalies antes de 2026, permitiendo que actúe como operador de los servicios ferroviarios de la Generalitat.

Asimismo, se aprobó por parte de ERC la petición de mantener las bonificaciones actuales en el transporte público, junto con una moción de la CUP que busca extender la integración tarifaria a todo Catalunya antes de 2026.

Con el respaldo de Junts, PP y Vox, y la abstención de PSC y Aliança Catalana, el Parlament acordó la resolución para el 2025 del informe de impacto ambiental relacionado con el desarrollo del proyecto recreativo Hard Rock en Tarragona.

En contraste, resultaron desestimadas la moción de la CUP que pedía detener la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, así como la de los Comuns que cuestionaba la eficacia de las garantías medioambientales de anteriores ampliaciones.

Finalmente, las propuestas del PP para completar la B-40 y la idea de atraer eventos deportivos a Catalunya, incluyendo una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno junto a Aragón, no lograron avanzar en el Parlament.