En un significativo movimiento legislativo, el Parlament de Catalunya ha dado luz verde al decreto ley propuesto por el Govern que introduce medidas urgentes para la escolarización a partir del próximo curso. Esta decisión llegó gracias a la coalición de apoyo por parte de PSC-Units, ERC y Comuns, mientras que la CUP votó en contra y Junts, PP, Vox y Aliança Catalana optaron por la abstención.

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, fue la encargada de exponer esta iniciativa, la cual aborda necesidades educativas críticas y se enmarca en un contexto de prórroga presupuestaria que impide la normal ejecución de los compromisos de gasto en educación. Niubó enfatizó que es inaceptable postergar decisiones cruciales para mantener un servicio público vital.

Además, la consellera defendió que este decreto no solo es el resultado de un esfuerzo por alcanzar un consenso político, que incluye a actores del ámbito local, sino que también es una demanda justa y urgente. Este enfoque colaborativo busca asegurar la estabilidad del sistema educativo ante retos inminentes.

Entre las principales áreas que abarca el decreto se encuentran la preservación y mejora de los infraestructuras educativas, el apoyo a la financiación del primer ciclo de educación infantil y la creación de una base legal sólida para programas dirigidos a jóvenes que no han completado la educación obligatoria.

Uno de los cambios destacados en el texto legal permite a los municipios participar activamente en la financiación de obras y reformas de centros educativos públicos, así como ofrecer la posibilidad a entidades locales y sociales de utilizar estos espacios fuera del horario escolar.

Finalmente, el decreto establece un aumento en la contribución de la Generalitat para financiar la escolarización en la etapa de I2 en las guarderías y abre la puerta a la creación de conciertos educativos con organizaciones que se dediquen a programas de formación e integración para jóvenes con nuevas oportunidades.